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PROFESÍAS INCUMPLIDAS

  • Última actualización en Lunes, 19 Noviembre 2018 14:16
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(A modo de respuesta al profesor Víctor Manuel Gómez)

Por: Wilson Arias Castillo

En su escrito “Consecuencias negativas de la Ley 30 de Educación Superior” , el profesor Víctor Manuel Gómez se pregunta y responde terminantemente sobre cómo estaría ahora la educación superior, si hace 26 años se hubieran tomado 6 decisiones sobre la educación técnica post secundaria, la educación y la investigación tecnológica, y sobre la creación de un Fondo Nacional de Formación para el Trabajo que programara y financiara a sus  actores públicos y privados, “bajo un esquema competitivo” con base en los actuales recursos que hoy detenta el SENA. En suma, dice Gómez, se trata de la propuesta elaborada en 1999 por la Misión de Educación Técnica, Tecnológica y de Formación Profesional.

La respuesta que da el autor a su última pregunta es categórica: La formación y capacitación laboral para numerosos oficios y ocupaciones que no requieren formación teórica ni desarrollo de competencias intelectuales generales, y que es ofrecida tanto a jóvenes como a la población adulta con necesidades de calificación, tendría un gran desarrollo y expansión mediante el ‘Fondo Nacional de Formación para el Trabajo’ ya mencionado, en cuyas convocatorias competitivas podrían participar todas las instituciones competentes, formales y no formales, y los centros de formación del SENA que sean competitivos”.

Lo que parece ignorar Gómez es que su promesa ya había sido formulada en América Latina mucho antes, desde 1989, bajo precisas orientaciones del Banco Mundial (1989) . Fue vaciada por César Gaviria en el Decreto 2149 de 1992 y ensayada a pie de letra por todos los sumisos gobiernos de la región donde existían entidades públicas homólogas al SENA. El privatizador Decreto fue derogado en Colombia gracias a la intensa lucha adelantada, mas no ocurrió así en ninguno de los otros países de la Región. Desde entonces en Colombia los neoliberales han insistido mediante numerosas consultorías y costosas Misiones, pero sobre todo mediante recurrentes atentados de muy diversa naturaleza contra este establecimiento.

Se cuenta pues con un extenso muestrario de países en dónde cotejar la manida profecía. El organismo multilateral orientó convertir a tales instituciones en “entes rectores” que, como lo propone el articulista, debían básicamente diseñar, planificar, hacer unidad técnica y financiar (contratar) programas ejecutados por operadores privados, incluidos sus propios “Centros de formación” convertidos por Decreto en “corporaciones de derecho privado”. La cuestión era reservar para el Estado las funciones rectora y financiadora del Sistema, y entregar la función ejecutora al mercado. Claro que también hubo propuestas aún más minimalistas: crear simples fondos de financiación de operadores privados. 

Según explica Juan Alfredo Pinto, ya en 1998, mientras pontificaba la Misión aquella, la OIT tomaba conclusiones de la experiencia de entes rectores en América Latina, que dio lugar a una institucionalidad a la postre conocida como “de entidad chequera” . Pero sería el mismo Pinto (ex -Presidente de ACOPI, el golpeado gremio de los pequeños industriales) quien lo explicaba así en 1999: “El propio BID ha desarrollado críticas acerca del sistema chequera, tales como que el mismo no opera adecuadamente en la atención del sector informal; ofrece una calidad deficiente de capacitación y formación; la capacitación y formación está generalmente articulada con la formación en el sector terciario, o sea una formación barata; generalmente la capacitación cara para el sector secundario solo es atendida por la antigua Institución de Formación Profesional (I.F.P.), o sea el Inacap y algunas escuelas técnicas; no genera tradición teórica metodológica, ni se preocupa por crear acervo teórico, ni material didáctico, ni formación de formadores, ni metodologías de aprendizaje, etc.” (resaltado fuera del texto).

La propuesta de Gómez, coincide en mucho no sólo con la Misión que explícitamente reivindica, sino también con la del Banco Mundial. De no ser así, le preguntamos, ¿en qué se diferencia?

Pero nos surgen otras preguntas del texto del profesor Víctor Manuel:
- No tenemos claro cómo hace su equiparación entre los Sistemas de formación profesional (que parece reducir a lo “extraescolar”) y el que han dado en llamar para el trabajo, así como la composición de este último: ¿a partir de qué argumento ahora sí sería aceptable incluir a los “colegios con media técnica” en la categoría de formación para el trabajo? ¿O lo que propone crear es simplemente un rubro (“Fondo”), que no un Sistema?
- ¿En concreto, cuales ocupaciones y oficios no requieren “desarrollo de competencias intelectuales generales”?
- ¿Se puede sustituir el cuestionado Sistema Nacional de Educación Terciaria, con “la mal llamada” Formación para el Trabajo? ¿Qué implicaciones tiene ello, no solo para la clase trabajadora, sino también para los estudiantes colombianos en general?

Apliquémonos, finalmente, a dos cuestiones que rondan este análisis. Primera, sobre las fuentes de financiación el SENA: detrás de la “unidad de caja” (bolsa común SENA + Educación formal) acariciada por la Misión Wesner Bird (1980) y recogida por distintas Misiones del Gasto (incluida la que designó Juan Manuel Santos), aparecen la financiarización del presupuesto nacional, su tratamiento del déficit fiscal, la “sostenibilidad de la deuda pública” y la creación de un colchón para el crecimiento del  gasto militar. Solo que en este caso no se trata únicamente de contener la inversión social en general, sino de quitarle “salario social” a los trabajadores. Cabe recordar además que en Colombia, a diferencia de otros países, los trabajadores cedieron, peso por peso, una porción del Subsidio Familiar para asegurar los recursos que dieron origen y han sustentado al SENA durante 61 años. Este aspecto de la economía política y de la historia colombianas, que la propaganda oficial calculadamente oculta, debe ser conocido por la opinión pública y por el movimiento en defensa de la educación pública. Allí tenemos grandes desafíos.

Segundo, desde varias agencias insisten en otras promesas a veces contradictorias pero que conducen a lo mismo: o bien el mundo navega en tal revolución científico técnica, que ya no sería necesaria la formación en ocupaciones y oficios, o bien esta debe extenderse, articularse o “integrarse” con la educación formal. Antes con la educación media, pero hoy con el nivel tecnológico, lo cual le permite a Colombia simular cada vez más un “perfil OCDE” en materia de educación superior. De modo que conviene a ellos este galimatías conceptual y la falta de identidad de los distintos subsistemas de la educación, para hacer pasar siempre como novísimas sus últimas improvisaciones y, para el caso del SENA, su vieja intención no consumada: desaparecerlo en beneficio de los “operadores privados” y de las modalidades del TLC educativo, ahora en pleno aterrizaje.

Tenía Razón José Carlos Mariátegui: “El error de muchos reformadores ha residido en su método abstractamente idealista, en su doctrina exclusivamente pedagógica. Sus proyectos han ignorado el íntimo engranaje que hay entre la economía y la enseñanza, y han pretendido modificar ésta sin conocer las leyes de aquella. Por ende, no han acertado a reformar nada sino en la medida en que las leyes económicas y sociales lo han consentido”.

Bogotá, noviembre de 2018

 

“Actuemos”, órgano informativo de la Dirección General del SENA, Bogotá, noviembre de 1989.

Aproximación a los Sistemas de Capacitación y Formación Profesional en América Latina, ETM – OIT, San José de Costa Rica. Sept – Oct. 1998

Desarrollo de la pequeña y mediana empresa en Colombia, Banco Interamericano de Desarrollo,  Departamento Nacional de Planeación, Acopi, Bogotá, 1999, página 133.