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SENA - Educación Media: Una “Articulación” Conflictiva

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Cuando los trabajadores colombianos cedieron una porción del subsidio familiar –que habían conquistado en diversas luchas y convertido en decreto legislativo en 1957– para constituir el SENA, además de diversificar las modalidades del “salario social” por entonces en disputa, estaban bregando contra una forma de desempleo estructural al reivindicar la financiación de la formación ocupacional requerida por un modelo de sustitución de importaciones, que demandaba mano de obra calificada. ...

 

WILSON ARIAS CASTILLO, Representante a la Cámara, Polo Democrático Alternativo.

PALABRAS CLAVE: Articulación, Formación Profesional, Educación Formal, Educación no Formal, Educación Media, Déficit fiscal, Sostenibilidad fiscal, Regla fiscal, Contrato de aprendizaje, Pasantía, Bolsa educativa, Modalidades educativas.

SINOPSIS: La experiencia de la articulación entre la educación media y el SENA pretende imponer a una y otro objetivos y propósitos que riñen con su misión y lugar en el sistema educativo. Los acrecentados déficits fiscales presionan la merma en la inversión social y la “unidad de caja” (integración) de sus fuentes de financiación, profundizando la pérdida de identidad y fines sociales de cada uno de los subsistemas. El modelo de desarrollo y la dependencia económica, determinan al país un límite al nivel de la escolaridad fijado en la educación Técnica profesional y tecnológica y expulsan al niño / joven del sistema educativo. Lo cual condena a la juventud a una precaria escolaridad, la democracia a una ciudadanía de baja intensidad, y las fuerzas productivas al subdesarrollo.

Artículo

SENA - EDUCACIÓN MEDIA: UNA “ARTICULACIÓN” CONFLICTIVA

El SENA en la educación no formal

Cuando los trabajadores colombianos cedieron una porción del subsidio familiar –que habían conquistado en diversas luchas y convertido en decreto legislativo en 1957– para constituir el SENA, además de diversificar las modalidades del “salario social” por entonces en disputa, estaban bregando contra una forma de desempleo estructural al reivindicar la financiación de la formación ocupacional requerida por un modelo de sustitución de importaciones, que demandaba mano de obra calificada.

Las elaboraciones conceptuales e institucionales sobre el tema se hacían desde la OIT, heredaban de formaciones socioeconómicas precedentes y respondían a la división internacional del trabajo y a las necesidades del proceso de industrialización. La anterior institucionalidad más importante se ubica en los “gremios artesanales” del feudalismo, en el taller del maestro y su relación con oficiales y aprendices, en el contrato de aprendizaje y en las “cartas de servicio y de soldada”[1] . En Colombia tales gremios (agrupados en “sociedades”) fungían como una especie de sindicatos de artesanos y escuelas de oficios[2] , devinieron en “clubes de agitación política” y según Gaviria Liévano “contribuyeron enormemente a la formación del pensamiento socialista en Colombia”.

Una de esas definiciones de la OIT estuvo referida de una parte al concepto de “Formación Profesional” que en Colombia se calificó de “Integral” (“proceso mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente conocimientos, destrezas y aptitudes e identifica, genera y asume valores y actitudes para su realización humana y su participación activa en el trabajo productivo y en la toma de decisiones sociales”[3] ) y de otra parte a su ubicación en el sistema educativo, a su relación con otros subsistemas y con el aparato productivo. Según María Angélica Ducci ella aludía “a todas aquellas modalidades de instrucción que (…) ocurren fuera del sistema educativo regularno presenta carácter propedéutico, al menos en la mayoría de los casos”[4] . Por su parte Héctor Hugo Barbagelata, además de designarla como el modo de formación más antiguo de la humanidad (en condiciones reales de trabajo), la define como aquella dirigida acapacitar trabajadores para el desempeño de una ocupación laboral y proveer de una cualificación profesional, exceptuadas las del nivel superior[5] .

Atendiendo a esas definiciones, algunos países dispusieron que la legislación sobre Formación Profesional no se aplicará a los programas regulares de educación técnica autorizados a cargo del Ministerio de Educación, ni a las instituciones de enseñanza universitaria, militares, de rehabilitación física, artes y deportes” (Guatemala), o que, para el caso del Instituto Salvadoreño de  Formación Profesional, INSAFORP, “queda entendido que el Instituto no asume ninguna función en el campo de la enseñanza superior, ni de la educación profesional universitaria[6] .

En efecto, en Colombia el “Estatuto de la Formación Profesional” aún vigente (SENA, 1997) la inscribió en la educación no formal, esto es, aquella “que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos (en la Ley 115/94, General de Educación)”. Según lo anterior, para cumplir su misión institucional (art. 2 Ley 119/94), para formar “trabajadores calificados” y atender a su población objeto (trabajadores  y campesinos), el SENA mantiene su propio presupuesto (antes como una “Renta de Destinación específica”, hoy bajo la figura de la “parafiscalidad”), se ubica por fuera de la educación “propedéutica” formal (sujeta a ciclos y niveles: primaria, básica, media, superior, postgrado, doctorado), para cumplir su función en el mundo de la educación “no formal”[7] .

Deuda y guerra, “articulación” y neoliberalismo

Pero la estrategia de desarrollo basada en el endeudamiento deterioraba las finanzas estatales y profundizaba la dependencia también en materia educativa. Los déficits fiscales y la doctrina de la seguridad interna presionaban la merma en el gasto social y el rubro de la educación. La Misión del Gasto Público imponía desde décadas anteriores un declive en la inversión social y promovió la inconstitucional “Unidad de Caja” para atender el pago de la deuda pública y la guerra. Bajo estas pautas, se despojaba de la especificidad a las rentas del SENA desviando sus recursos hacia la educación formal y otros ítems del presupuesto nacional (Ley 55/85), integrando sus “superávits” a otras destinaciones (Ley 38/89) y asignándole nuevas funciones (intermediación laboral, ciencia y tecnología, fomento al desarrollo tecnológico productivo, etc.).

En su versión más reciente, la seguridad democrática incrementa el tren de la guerra, elevando los presupuestos de seguridad y defensa por encima del de educación; la confianza inversionista y el modelo neoliberal privan de mayores ingresos al Estado; la deuda sigue consumiendo buena parte de ellos y la privatización del régimen pensional ha creado un desbalance estructural en beneficio de los Fondos particulares y contra el Estado[8] . Como respuesta, la receta del Banco Mundial hoy es básicamente la misma que en épocas anteriores frente a las hoy denominadas contribuciones parafiscales que conservan su carácter de “salario social”: las que administran las Cajas de Compensación Familiar, el ICBF y el SENA

A esta última institución y para ese fin, pero también para cumplir con la ampliación de cobertura en la educación superior, se le imponen nuevas metas en cursos de Técnico Profesional y de Tecnólogos, que por hacer parte de la educación formal deberían estar a cargo del Presupuesto General de la Nación. En detrimento de su objetivo original y básico, la administración del SENA eleva los requisitos de ingreso a buena parte de su oferta educativa (desplazando a campesinos y obreros poco escolarizados) y abre tales programas sin cumplir la obligación de tramitar el Registro Calificado correspondiente, prevalido de la impunidad que le sigue garantizando la actual Ministra de Educación. Dicha “formalización” de su oferta ha dejado como saldo un millón de jóvenes lesionados por tan grave omisión cometida por los directivos de la entidad, que afecta severamente la imagen institucional, lo que parece hacer parte de su deliberado cálculo.

Otro tipo de “formalización” de su oferta educativa corre por cuenta de la “articulación” con la educación media, que resulta impactada (la media) con una mayor pérdida de identidad y definición de propósitos formativos a raíz de los “convenios” suscritos con el SENA, en la misma medida que este establecimiento abandona a su propia población objeto.

Un estudio sobre dicha articulación en Bogotá[9] le atribuye como principal consecuencia “una reducción de la media en particular y de la educación en general, a la formación laboral del SENA como si esta fuera el único propósito educativo; no ha contribuido a una diversificación en diferentes áreas de conocimiento, pues la articulación depende de los recursos humanos y físicos con que dispone el colegio; las prácticas empresariales que realizan los estudiantes son improvisadas y precarias, lo cual pone en duda la calidad y pertinencia de la educación que reciben los jóvenes;(…)debido a que la articulación con los colegios es un programa sin presupuesto (…) no hay estímulos económicos para reconocer la carga de trabajo adicional que le genera a los profesores que trabajan en la articulación y tampoco hay recursos apara dotar y actualizar la infraestructura de los colegios”. Señala además problemas muy graves relacionados con la pérdida del Proyecto Educativo Institucional de los colegios de educación Media, la definición única y unilateral de la articulación por el SENA (pese a que se predica su concertación), la falta de gestión y supervisión de las prácticas empresariales y la falta de objetivos, propósitos y resultados educativos determinados: “En realidad la articulación no era más que un acuerdo práctico entre los colegios y el SENA para ofrecer a los estudiantes una formación laboral, pero sin ningún tipo de regulación por parte de las instituciones involucradas”[10] , “pretender superar y fortalecer la educación media mediante la adopción de los programas del SENA en los colegios, refleja la superficialidad con que se están abordando los problemas educativos estructurales de la media”agrega el documento. El análisis encontró también concentración de la oferta de la articulación en las áreas de gestión contable y secretariado, ausencia de sistemas de información, inexistencia de estudios sobre estudiantes y egresados[11] . En similar sentido, el Círculo de Estudios Pedagógicos y de la Formación Profesional del SENA señala el fracaso escolar que ha significado la articulación, la pérdida de esfuerzos e inversión debido a que no coinciden los períodos de formación entre la institución de educación media y el SENA, alternadas en jornadas “contrarias” sin estudios ni adecuaciones metodológicas, pedagógicas y ni siquiera de tiempos. Su Directora ha referido que la mayoría de los niños salen a la edad de 16 años, edad a la cual es antitécnico, ilegal, inconstitucional y sobre todo antiético resignarlos a un oficio o a una ocupación laboral.

Pero las consecuencias de la “articulación” no son sólo estadísticas (cobertura), ni laborales (sobrecargas a profesores de los colegios y superexplotación de sus niños en las empresas), ni presupuestales (para el SENA y/o los colegios). Otras muy delicadas corren por cuenta de la cada vez mayor indefinición conceptual en materia educativa, la pérdida de rigor técnico pedagógico en sus elaboraciones y fines sociales, presa de un reduccionismo que sacrifica la ciudadanía y las relaciones humanas en nombre de un ilusionismo laboral o “empresarista”. Ahora poco importan el Proyecto Educativo Institucional o los propósitos y funciones de los niveles y ciclos, que explican no solo los objetivos sociales de la educación media sino también el conjunto de la institucionalidad educativa existente, con sus sistemas y subsistemas.

Es que una formación para las maquilas o para la reprimarización no impone rigor ni grandes desafíos al sistema educativo. Por otra parte, la “sostenibilidad de la deuda pública” confunde el constitucional derecho a un mínimo educativo con la definición de  educación básica, y por tanto lanza a los niños de 12 a 15 años al entrenamiento laboral y a una “práctica empresarial” que reduce costos tanto como las pasantías “esclavistas”, el contrato de aprendizaje degradado o el nuevo “salario juvenil” por debajo del mínimo. El neoliberalismo convierte cada vez más la educación en mercancía, vista como factor de “capital humano” y por tanto a financiarse mediante créditos educativos –funcionales al subsidio a la demanda– antes que por los presupuestos estatales. Y la “sostenibilidad fiscal” con su correspondiente “regla fiscal” imponen una financiación de la educación pública a partir de la competencia entre sus instituciones por “bolsas educativas” bajo indicadores economicistas.

Una bolsa para desinstitucionalizar la educación y condenar a los pobres

Tal como se le ofrece a las universidades públicas competir por una bolsa manejada por el Ejecutivo bajo indicadores “gerenciales”/economicistas, también para las instituciones “articuladas” se ofrece ahora una bolsa a distribuir a condición de desinstitucionalizar los subsistemas de la educación media y del SENA.

La ponencia del Proyecto de ley 054 de 2010 (Cámara) crea el “Programa Nacional para el Fomento y Fortalecimiento de la articulación entre la Educación Media, Técnica y Superior” a cargo del MEN. Se asignará un subsidio por cada estudiante de grados 10 y 11 de las Instituciones de Educación Media Pública de estratos populares que participen del programa, cursando en el SENA o las Instituciones de Educación Superior (I.E.S) que inscriban ante el MEN “programas de educación media técnica” (sic) por fuera de la misión institucional de aquel, según lo hemos subrayado.

Descontado que el texto radicado asignaba recursos por los estudiantes de educación media “que cursen simultáneamente programas de técnico profesional” ofrecidos por el SENA y las I.E.S (lo que, per sé, negaría el carácter “propedéutico de ambos ciclos), el proyecto insiste en sustraer al niño de la educación para asignarle ocupación u oficio, expulsándolo de la escolaridad, sometiéndolo a trabajo de “medio tiempo” alternado con su colegio, que se volverá de tiempo completo a tierna edad, mientras algunos de sus coetáneos se preparan para el trabajo intelectual, las artes u otros niveles ocupacionales. Pues obviamente los padres de otros estratos no permitirán dicho primer destino para sus hijos: dependiendo de su nivel de ingresos se someterán a los créditos educativos o pagarán al contado la matrícula en una mínima universidad cada vez más privatizada.

Tienen razón los analistas de la articulación en Bogotá: “Lo más grave socialmente hablando, es que la articulación se convierte en una legitimadora y reproductora de las desigualdades sociales en cuanto los jóvenes de estos sectores poblacionales sólo pueden recibir formación laboral y del SENA”.  Ya antes lo había explicado Basedow (1723 – 1790), quien parece aún inspirar esta reforma: “Sin inconvenientes se pueden separar las escuelas grandes (populares) de las pequeñas (para los ricos y clases medias) porque es muy grande la diferencia de hábitos y de condición entre las clases a las cuales están destinadas. Los hijos de las clases superiores deben y pueden comenzar temprano su instrucción, y como deben ir más lejos que los otros, están obligados a estudiar más… Los niños de las grandes escuelas (populares) deben en cambio, en conformidad con el objeto de su instrucción, disponer por lo menos la mitad de su tiempo para trabajos manuales, para que no se vuelvan torpes en una actividad que no es tan necesaria, sino por motivos de salud, a las clases que más que con las manos trabajan con el cerebro”[12] .

Al dictar semejante futuro a la amplia mayoría de los jóvenes, el proyecto establece en la práctica un límite al nivel educativo a la educación pública en Colombia. Para ello la educación universitaria también debe inclinarse a técnicos profesionales y tecnólogos mediante las “modalidades” y la regionalización, inducidos desde la bolsa que hoy le ofrece el MEN.

Se condena así no sólo a la juventud, sino también la democracia colombiana a una ciudadanía de baja intensidad y las fuerzas productivas al subdesarrollo.

 


[1] Caballero M. Rosario, Millares Pedro,  “El trabajo de la infancia y la juventud en la época del Barroco. El caso de la seda murciana”, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales”. Universidad de Barcelona, Vol. VI, número 119 (12), agosto de 2002, 
[2] En “El liberalismo y la insurrección de los artesanos contra el librecambio” (Bogotá, 2002), Liévano Aguirre consigna las aspiraciones de artesanos para el establecimiento de talleres “en que se perfeccionasen en los principales de la industria” y señala como reivindicación la “protección de las escalas inferiores de los oficios, integradas por oficiales y  aprendices”, contenida en la “Instrucción General para los Gremios”, del Virrey Flórez en 1777. Explica introducción de la división entre “oficios nobles” y “oficios bajos” o infames, y de las “cargas” impuestas por los masones a los aprendices en Europa, entre otras “no sostener ninguna discusión desobediente, ni seducir a la mujer, hija o ama de llaves de su maestro”. Habla de regulaciones en Colombia que van desde la edad, período y prohibición de cobro a los aprendices de la enseñanza del oficio, hasta su vestimenta. El Programa y los reglamentos de las asociaciones de artesanos incluyen reivindicaciones y deberes sobre la instrucción en oficios. 
[3] SENA, Acuerdo 012 de 1985
[4] Mencionado por el Sindicato de Empleados Públicos del SENA SINDESENA, en “POR UNA MODERNIZACIÓN SIN PROVATIZACION, Posición  de los trabajadores frente a la reestructuración del SENA y a la conformación del Sistema Nacional de Formación Profesional”, Bogotá, junio de 1999, página 14.
[5] En “Formación y legislación para el trabajo”, OIT, CINTERFOR, SENA, Bogotá, septiembre de 1997.
[6] Artículo 3, Ley Orgánica del INSAFORF, San Salvador, 1998.
[7] “Estatuto de la Formación Profesional”, “Aspectos jurídicos”, Bogotá, 1997.
[8] Constancia en la Cámara de Representantes por la bancada del Polo Democrático Alternativo sobre la Ley de Presupuesto 2011 (en www.wilsonarias.com).
[9] Jorge Enrique Celis, Víctor Manuel Gómez y Claudia Milena Díaz, “¿Educación media o articulación con el SENA? Un análisis crítico al programa de articulación en Bogotá”, Instituto de Investigación en Educación, Universidad Nacional de Colombia. octubre de 2006. página 3,  
[10] Ibid, página 4.
[11] Según se deduce del mismo análisis antes mencionado, la articulación parece inscribirse también en la estrategia de ampliación de cobertura de los agentes del gobierno en el SENA, a cuya obsesión se han rendido la confianza pública que depositan los colombianos en esta entidad: “la articulación contribuye a aumentar ‘el número de personas que reciben capacitación’ laboral (…) por parte del SENA, sin que tal aumento le implique ninguna inversión adicional en infraestructura y docentes (…) Los colegios, por tanto, contribuyen de manera indirecta a cumplir las metas de cobertura del SENA”
[12] Mencionado por Anibal Ponce en “Educación y lucha de clases”, Editores Mexicanos Unidos, cuarta edición, México, 1981.