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Les compartimos este documento de la Junta Nacional de SINDESENA

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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LAS INCONVENIENCIAS DEL PROYECTO DE LEY 184 DEL 2012 QUE MODIFICA EL CONTRATO DE APRENDIZAJE

Los trabajadores del SENA, hemos conocido y analizado el proyecto de ley 184/2012, que hace transito en la Cámara de Representantes y va para segundo debate en la presente legislatura.

Conocedores de la historia y el significado que tiene este instrumento para la Formación Profesional Integral que imparte el SENA, el carácter pedagógico y formativo para los aprendices de la entidad y el deterioro progresivo a que se le viene sometiendo al deslaboralizarlo y precarizarlo con la ley 789/2002; vemos con mucha preocupación como se pretende acabarlo del todo al desconocer su naturaleza y esencia y convertirlo en un instrumento para posicionar el papel del mercado y los empresarios, al permitirle todas las ventajas en contra de los jóvenes aprendices y estudiantes colombianos.

En este documento presentamos los principales argumentos que tenemos como trabajadores para demostrar la inconveniencia de este proyecto que acaba de liquidar el Contrato de Aprendizaje, instrumento valioso que ha servido además de proceso garante de la calidad de la Formación Profesional que imparte el SENA, un mecanismo de justicia social que le ha permitido a miles de jóvenes colombianos recibir su proceso de formación metódica y completa en una ocupación u oficio.

Luego de realizar un detenido análisis del texto del proyecto de ley 184 que busca modificar el Contrato de Aprendizaje y revisadas las implicaciones para los programas de formación del SENA, se encuentran diversas razones de inconveniencia que van desde el plano pedagógico, social y político y que se sintetizan en:

1. No corrige el equívoco ocasionado con la reforma laboral (Ley 789 de 2002), en tanto que “deslaboralizó” el contrato de aprendizaje, dejándolo como un contrato especial en el que el aprendiz no recibe salario ni las mínimas prestaciones del trabajador formalmente vinculado, sino un apoyo de sostenimiento, pero paradójicamente debe contar con seguridad social y en la etapa productiva contar con afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales (tiene todos los elementos constitutivos del contrato de trabajo pero no es contrato de trabajo ¿?), y quedó sin ningún tipo de regulación y vigilancia por parte del Ministerio del Trabajo. Este limbo ha ocasionado no solo la muerte de muchos jóvenes en etapa productiva por inobservancia de elementales normas de Salud Ocupacional y Seguridad para el trabajo, sino la vulneración de mínimas condiciones laborales de los aprendices que finalmente no tienen a quien acudir frente a dichas vulneraciones. Si el proyecto de ley busca modificar la regulación del Contrato de Aprendizaje, tiene que empezar por corregir este despropósito y brindarle condiciones reales de trabajo digno a los jóvenes.

2. Desconoce el carácter de instrumento pedagógico del Contrato de Aprendizaje en tanto éste es inherente al proceso teórico-práctico que caracteriza la Formación Profesional que en gran proporción se ejecuta a través de los centros de formación del SENA. Los aprendices del SENA realizan proceso teórico-práctico tanto en la etapa lectiva como en la etapa productiva. Esto explica hasta la disposición del aula-taller y de los equipos en los centros de formación y la adopción de normas de seguridad industrial durante todo el proceso formativo, así como la alternancia (SENA, empresa) de las fases lectiva y productiva. La realización de la etapa productiva de los aprendices del SENA se corresponde con la puesta en práctica de los conocimientos recibidos en su fase lectiva, pero además ésta es sometida al respectivo seguimiento por parte del personal designado de los centros de formación. Esas características son el sello distintivo de la Formación Profesional con relación a otro tipo de educación y el Contrato de Aprendizaje como el instrumento pedagógico de ésta no podría extenderse de manera irreflexiva como se propone en el proyecto de ley en cuestión con la ilusoria y falsa pretensión de movilizar la empleabilidad del recurso humano, especialmente de jóvenes.

3. Con este proyecto de ley se precarizan aún más las condiciones de los aprendices del SENA ya que los pone a disputarse la oportunidad del Contrato de Aprendizaje con el resto de estudiantes del sistema educativo formal, ocasionándoles condiciones más desventajosas respecto de los estudiantes universitarios; pero al mismo tiempo le está precarizando las condiciones a los universitarios, mostrándolos por la vía del Contrato de Aprendizaje, como los integrantes de la población beneficiaria del “primer empleo”, pero con un apoyo de sostenimiento que sólo alcanza el Salario Mínimo Legal Vigente (inferior al pago que se les ofrece en el mercado laboral). Los estudiantes universitarios sólo podrán aspirar a devengar el SMLV una vez culminados sus 5 o más años de educación superior.

Pero para los aprendices del SENA también les significa negarles la posibilidad de realizar cadena de formación (Auxiliar, Técnico, Tecnólogo) en la medida en que ya no podrán acceder sino a un solo Contrato de Aprendizaje.

También se les desmejora cuando el Contrato de Aprendizaje se limita a la etapa productiva y se concibe el contrato para la etapa lectiva sólo a un segmento focalizado en los jóvenes, clasificados en situación de pobreza y vulnerabilidad. Con este direccionamiento se está expulsando del sistema educativo a jóvenes que hoy son beneficiarios de las acciones del SENA, muchos de ellos padres o madres cabeza de familia que de no existir el pleno patrocinio durante todo el programa de formación tendrían que abandonar sus procesos formativos, entre otras por que el Contrato de Aprendizaje además de ser uno de los instrumentos pedagógicos de la Formación Profesional hace parte de los factores de bienestar estudiantil. No de otra forma se puede materializar el pleno derecho a la Formación Profesional. De la misma manera que los estudiantes universitarios reclaman su derecho a la biblioteca, a la cafetería, al servicio médico o al transporte, para los aprendices del SENA resulta crucial y determinante la efectiva realización de su proceso de formación, en condiciones dignas y no de sobreexplotación.

4. El proyecto de ley es discriminatorio, además de precarizar aún más las condiciones de los aprendices del SENA, al ponerlos a competir con los estudiantes universitarios por un Contrato de Aprendizaje, reducirles el contrato sólo a su fase productiva y, negarles el derecho a realizar cadena de formación, también los deja con el apoyo de sostenimiento inferior al SMLV. Desconoce que muchos de los jóvenes que acuden a la Formación Profesional gratuita del SENA lo hacen porque carecen de condiciones económicas para acceder y mantenerse en el sistema educativo formal.

5. Deforma no solo la Formación Profesional integral del SENA sino también el papel coformador del empresario cuando define el Contrato de Aprendizaje como el mecanismo para facilitar la adquisición de competencias pertinentes para el sector productivo a través de una formación teórica y práctica. No es lo mismo un proceso teórico-práctico mediante el cual la persona adquiere y desarrolla de manera permanente conocimientos, destrezas y aptitudes para desempeñarse en una ocupación determinada, a una formación teórica y práctica. Esa naturaleza ocupacional de la Formación Profesional la diferencia de la educación académica formal. Ese desempeño concreto en oficios en lo que determina su proceso teórico-práctico a todo lo largo del programa formativo. Los aprendices del SENA realizan proceso teórico-práctico tanto en su etapa lectiva como en su etapa productiva, tal y como se reseña en el numeral 2 de este escrito. En la categoría de formación teórica y práctica puede considerarse la oferta de la educación formal, como aquella que para obtener el título se le exige al estudiante la realización de alguna pasantía, práctica empresarial o investigación, que en algunas universidades está siendo sustituida con la realización de algunos seminarios o diplomados (en la solución mercantil del tema, claro está).

6. El proyecto de ley es regresivo en tanto contempla que los programas objeto de Contrato de Aprendizaje se limiten a las ocupaciones determinadas por los desequilibrios del mercado laboral, ello niega para este propósito, la demanda social del país, la misma que en otras ocasiones se ha utilizado para forzar en el SENA la implementación de programas presidenciales como “Plan 250.000”, “Jóvenes Rurales”, y más recientemente “Jóvenes en Acción” con el argumento de evitar que los jóvenes presionen por la búsqueda de empleo, algo así como mantenerlos ocupados en cualquier cosa, con el propósito de maquillar las cifras gubernamentales. Es inconveniente supeditar la oferta educativa exclusivamente a los desequilibrios del mercado laboral, ya que se estaría desconociendo el Estado social de derecho que se promulga en la Constitución, y se transitaría en contravía del carácter de servicio público y función social de la educación, de su carácter universal, pero además cuando se limita la oferta educativa a la demanda especifica del mercado, se atenta también contra la libertad del ciudadano para escoger profesión u oficio (Art. 26 de la CPN).

7. Las Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresas, UVAE, son la oficialización de otra sofisticada exoneración tributaria para los empleadores, contrariando el Articulo 54 de la Constitución Política que establece que “es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”, luego no tendrían por qué estar solicitando reembolso de los costos de la formación brindada a través de la devolución del 50% de los parafiscales, así este propósito ya no aplique para algunos, por efecto del reemplazo de los parafiscales por la contribución sobre la renta para la equidad, CREE, pero además con este sutil mecanismo se instala desde la propia norma, la mercantilización de la educación, para que sean los propios empresarios los que orienten los diseños curriculares y modelo pedagógico del país, estamos con esta iniciativa copiando la rentable estrategia de “combos educativos” ofertados hoy por diversas multinacionales; atrás quedarán los principios de universalidad de la educación y la noción de derecho para los ciudadanos, privilegiándose el aprendizaje frente a la enseñanza, educaremos únicamente para el consumo. Resulta absolutamente nocivo que se plantee la educación exclusivamente en la lógica mercantilista de los empresarios, quienes a no dudarlo prevalecerán sus intereses de lucro y ganancia a los fines sociales del Estado. Con este nuevo negocio para los empresarios que elimina el principio de universalidad de la educación, en el caso concreto de la Formación Profesional Integral del SENA, acabaría con el propósito de formar personas creativas que contribuyan efectivamente al desarrollo social, económico y tecnológico del país.

8. El Artículo 7 del proyecto de ley elimina el papel coformador de la empresa al determinar al aprendiz como único responsable de la culminación de su proceso formativo y lo equipara a cualquier contratista a quien se le cancela su contrato contando con los informes trimestrales de desempeño que elabora un Instructor y un supervisor del Contrato de Aprendizaje en la empresa. Niega el carácter de aprendiz en proceso de formación que tienen los jóvenes tanto en la etapa lectiva como en la productiva. Este artículo al privilegiar la evaluación del desempeño laboral, adicionalmente desvirtúa el proceso de seguimiento y evaluación de los aprendices del SENA que es parte del proceso pedagógico de la Formación Profesional.

9. Este proyecto de ley con el pretexto de modificar el Contrato de Aprendizaje, traerá cambios a todo el sistema educativo, laboral y de seguridad social, al establecer que el mercado y el empresariado son los que definen y deciden la oferta educativa, las competencias que deberán tener los trabajadores, y el grado de flexibilidad que tendrán las relaciones de trabajo. En ese contexto el Estado y la democracia pierde su esencia.

10. Es una falacia descomunal pretender certificar como experiencia laboral una parte de proceso de formación de los jóvenes. Manipular el actual Contrato de Aprendizaje, ya deslaboralizado y que como se ha dicho es un instrumento pedagógico inherente a la Formación Profesional, como mecanismo de validación de experiencia laboral de los jóvenes universitarios, además de agenciar una precarización para estos estudiantes (que no podrían sino aspirar a un escaso SMLV), conduce a una mayor sobrexplotación de los recién egresados de la educación superior. Si lo que se pretende es lograr un reconocimiento digno para todos los universitarios que tienen que realizar prácticas gratis para poder optar a sus títulos, lo que debe gestionarse es una norma específica y especial para ellos y no deteriorar el mecanismo pedagógico de los aprendices del SENA.

11. Devela también un sospechoso favorecimiento a las Cajas de Compensación, que para los efectos de la reciente Reforma Tributaria fueron excluidas del propósito de reemplazo de sus recursos parafiscales y no fueron considerados como costos para los empresarios ni impedimento para la generación de empleo, y en cambio ahora se les incluye como otra más de las instituciones de formación habilitadas para promover Contratos de Aprendizaje.

12. Con el numeral 3 del Artículo 6 del proyecto de ley, se abre la puerta para modificar el sistema pensional general, al establecer un subsidio a la pensión por debajo del SMLV en lugar del reconocimiento pleno de ese derecho.

13. Con el Artículo 15 se pretende que los recursos provenientes de la Ley 344 de 1996 que no han podido desviarse por la restricción de ejecución en sus centros de formación, ahora se proyecta que se desvíen a la realización de proyectos de investigación del Ministerio de Educación, Grupos de Investigación y Centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico reconocidos por Colciencias, vía Contratos de Aprendizaje con estudiantes distintos de los del SENA, contrariando las recientes determinaciones del legislativo que ya determinó que los recursos de la Formación Profesional deben ejecutarse y administrarse plenamente por el SENA.

Como se puede observar esta iniciativa a todas luces es inconveniente para el sector educativo y para el pueblo colombiano en general, pero particularmente resulta muy lesivo para los estudiantes del SENA. Con este proyecto de ley se pretende desestructurar lo poco que se ha dejado de esta estrategia formativa y sin importar que se rompa la filosofía de la unidad de materia legislativa, se incursiona en temas como la definición de quienes deben ejecutar la Formación Profesional, estimulando un modelo de tercerización, ampliamente cuestionado en nuestro país.

Y como si lo anterior fuera poco, el proyecto de ley, promueva una dispuesta irracional entre los estudiantes del SENA y los Universitarios por la obtención del Contrato de Aprendizaje, privilegiando a estos últimos, sin importar el efecto social que tiene esta medida.

Por todas las razones expuestas, el Sindicato de Empleados Públicos del SENA, SINDESENA, ha sido enfático al solicitar el archivo de esta iniciativa y la radicación de un nuevo proyecto de ley que realmente contribuya a la recuperación del Contrato de Aprendizaje como instrumento de formación, garante de la Calidad y que especialmente avance en la reconfiguración de su carácter laboral.

Invitamos a los Congresistas de la República a no aprobar esta lesiva iniciativa, así mismo exhortamos a los estudiantes, trabajadores y comunidad educativa del SENA en general a defender el Contrato de Aprendizaje y recuperar la definición y carácter consagrado en la ley 188 de 1959 que establece en su artículo 1: “Contrato de Aprendizaje es aquel por el cual un empleado se obliga a prestar servicio a un empleador, a cambio de que éste le proporcione los medios para adquirir Formación Profesional metódica y completa del arte u oficio para cuyo desempeño ha sido contratado, por un tiempo determinado, y le pague el salario convenido”.

EQUIPO PEDAGÓGICO

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, 18 de marzo de 2013