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PARA QUÉ FUIMOS AL CONGRESO?

  • Última actualización en Martes, 22 Abril 2014 20:23
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El desprestigio del Congreso, hace que algunos sectores desestimen la importancia de contar con una Curul en este espacio, más aun por la reducida minoría que a los partidos opositores, en particular al Polo Democrático, les corresponde. Se piensa que en estas condiciones es poco lo que se puede hacer y que se corre el riesgo de adornar o legitimar un espacio en el que las posibilidades de acción son muy limitadas.

A pesar de ello, con modestia, podemos ofrecer un parte muy positivo de nuestros cuatro años en el Congreso, en diferentes frentes. En primer lugar, porque nos hemos opuesto consistentemente a la agenda legislativa de Santos, con resultados favorables en algunas ocasiones; segundo, por mantener espacios de comunicación y discusión con la ciudadanía sobre sus principales problemas, tanto a nivel nacional como regional, y además, por haber acompañado desde el Congreso a las luchas ciudadanas y los movimientos sociales. Por ello, lamentamos no poder contar con la curul en el próximo periodo legislativo. Pero  valoramos altamente los resultados que obtuvimos en las pasadas elecciones, superando los 25 mil votos, que por las particularidades del sistema electoral y en medio de copiosas denuncias de corrupción, no fueron suficientes para mantener la curul en la Cámara por el Valle del Cauca.

En cuanto al primer punto, partimos de reiterar lo que hemos dicho a lo largo de este tiempo: a diferencia del gobierno Uribe (sobre todo en su segundo periodo), Santos ha intentado vender un estilo menos confrontacional, que le permitió aglutinar a diferentes Partidos en torno a su gobierno. Los “choques de trenes” cedieron parcialmente ante el pacto de la “Unidad Nacional” que ordenó y conformó una mayoría aplastante en el Congreso, para profundizar la recentralización y el neoliberalismo, modelo económico que ya completa más de dos décadas de aplicación en el país y que resulta contrario a los intereses de la mayoría de los colombianos, caracterizado por concentrar la riqueza y la tierra, limitar las oportunidades para la mayoría de la población, mantener altas tasas de desempleo y condiciones precarias para los trabajadores  y arrasar los recursos naturales. El mismo modelo antipopular de organismos multilaterales como el Banco Mundial, cuya agenda es seguida al pie de la letra por Juan Manuel Santos.

En este contexto, durante los cuatro años además de nuestra argumentada oposición, advertimos e informamos a la ciudadanía sobre la inconveniencia de los diferentes Proyectos de Ley de Santos y su Unidad Nacional, lo cual consideramos una tarea destacable. Desde luego, el juicioso estudio y la denuncia consistente no bastan para contener a las mayorías de la Unidad Nacional. Se requiere sobre todo movilización social y el apoyo de la opinión pública, que compensen la minoría con que contamos en el Congreso, para lograr detener el modelo que Santos impulsa. Por ello es que en algunas situaciones hemos contado con éxito y en otras no.

Por ejemplo, al inicio del gobierno, Santos presentó dos reformas económicas altamente lesivas para los colombianos: la reforma a las regalías y la sostenibilidad fiscal. En cuanto a la primera, podemos decir que es un paso hacia la mayor recentralización del manejo de los recursos, en el cual el gobierno nacional despoja a las regiones de los recursos de las regalías, en contra del principio de la descentralización consagrado en la Constitución. La segunda, es una seria amenaza para la garantía de los derechos sociales, ya que pone por encima de ellos, el ajuste fiscal en beneficio del capital financiero. Con sus desarrollos posteriores, como la regla fiscal y su reglamentación, se ha arriesgado un instrumento tan valioso como la tutela. Además, afianza el poder presidencial, puesto que el ejecutivo, representado en el Ministerio de Hacienda, con frecuencia invoca el principio de sostenibilidad fiscal (es decir, la falta de recursos) para oponerse a los proyectos de iniciativa de los Congresistas. A pesar de la oposición del Polo Democrático y de las críticas de varios connotados expertos y académicos, estas reformas fueron aprobadas con relativa facilidad.

El caso de la reforma a la financiación de la educación superior tuvo un desenlace distinto. La propuesta del gobierno que introducía el ánimo de lucro en las universidades y reforzaba el hecho de que la única alternativa para acceder a la educación sea el endeudamiento, despertó un vigoroso movimiento estudiantil, liderado por la MANE, que apoyamos desde el Congreso y en las calles, el cual logró aplazar esta reforma.

El Plan Nacional De Desarrollo “Prosperidad para todos”, incluyó además de sus cinco fracasadas locomotoras, varias determinaciones contrarias a los intereses de los colombianos. Por brevedad, reseñamos únicamente dos muy importantes: el incremento de las tarifas del impuesto predial, que hoy se reflejan en el inusitado aumento del valor que deben pagar los contribuyentes en Cali y en otras ciudades del país. Y de otro lado, incluía la modificación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), es decir, la cantidad de tierra que se entrega a los campesinos para que puedan desarrollar dignamente su actividad agropecuaria y que sirve también de límite para la acumulación de predios baldíos que hayan sido adjudicados a campesinos. Con los artículos allí incluidos, se permitía a los empresarios acaparar tierras en grandes extensiones.

Esta última disposición fue demandada por Wilson Arias y por el Senador Jorge Robledo, ante la Corte Constitucional, instancia que nos dio la razón. Argumentando la función social de la propiedad, el acceso progresivo a la tierra y la soberanía alimentaria, este trascendental fallo de la Corte tumbó los artículos del Plan de Desarrollo referentes a la flexibilización de la UAF.

Sin duda, el tema de las tierras baldías fue uno de los que más ocupó nuestra atención durante el periodo en el Congreso. Adelantamos diferentes debates de control político, demostrando cómo los ojos de inversionistas nacionales y extranjeros están puestos en los baldíos, especialmente en la zona conocida como Altillanura, que de acuerdo a las disposiciones legales deben quedar en manos de campesinos pobres sin tierra. Para quedarse con la tierra, violaron sistemáticamente y mediante diferentes mecanismos, los límites a la concentración contenidos en la legislación agraria, dinámica que también utilizaron para recibir más subsidios de los autorizados por la ley.

Denunciamos a empresarios extranjeros, nacionales, ingenios azucareros del Valle del Cauca, agentes del sector financiero, narcotraficantes, personajes de las familias más prestigiosas del país y algunos cercanos al gobierno Santos, todos vinculados con acumulación ilegal de tierras. Logramos posicionar el tema en la opinión pública y en los medios de comunicación, pero también en el movimiento campesino, que hoy rechaza la extranjerización de la tierra, la acumulación de baldíos y defiende la existencia de la UAF y el acceso para los campesinos de las tierras de la Altillanura.

De esta forma, hemos mantenido la disposición de que las tierras baldías solo se pueden entregar a campesinos y que estas no pueden ser acaparadas luego por empresarios, incluso luego del último intento del gobierno Santos por eliminar estas restricciones: el Proyecto de Ley de baldíos que fue presentado en noviembre pasado y retirado al día siguiente. Sus intenciones de perdonar a los acaparadores ilegales y facilitar la compra de tierras por parte del gran capital, significaban un costo político que Santos no podía asumir en ese momento.

Pero lo que ocurra en la lejana Altillanura no puede ser de exclusiva preocupación de los habitantes de esa zona. Hemos insistido que está en juego la soberanía alimentaria de todos los colombianos, la justicia con el campesinado maltratado durante toda la historia, el reordenamiento de la ruralidad, la distribución equitativa de la tierra, fuente de tantos conflictos, y la materialización de la paz. Cruciales asuntos de incumbencia de todos los Vallecaucanos y de todos los colombianos.

Además de mantener la disposición de que los baldíos deben ser para campesinos, nuestras denuncias contribuyeron a que el embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, tuviera que renunciar a su cargo, ya que su firma de abogados había asesorado al ingenio Riopaila en la operación que le permitió quedarse con cerca de 40 mil hectáreas en el Vichada, violando las limitaciones legales; logramos que Mónica Semillas, la multinacional brasilera acaparadora de tierras que denunciamos desde nuestra llegada al Congreso, devolviera más de $2.000 millones de subsidios recibidos  ilegalmente. También, a partir de nuestras investigaciones, la Contraloría envió recientemente un informe al INCODER, en el que establece un daño fiscal de cerca de $150 mil millones por apropiación indebida de baldíos y señala de manera inequívoca, la insuficiente gestión del instituto para recuperar dichas tierras. Sin embargo, la victoria no es completa, porque a pesar de nuestras denuncias, las demandas de nulidad que deben recuperar las tierras acaparadas ilegalmente, no han producido los resultados esperados, debido a la negligencia del gobierno nacional.

Otro proyecto principal para nosotros, en el que no contamos con la misma suerte, fue la reforma tributaria. En esta, siguiendo de nuevo las recomendaciones de los organismos multilaterales y las adecuaciones a los TLC, se eliminaron los aportes parafiscales a la nómina, que financiaban al SENA y al ICBF y los aportes patronales a la salud. Con esta jugada, los empresarios terminaron ganando cerca de $9 billones anuales, recursos que tendrán que recuperarse con impuestos a los trabajadores y a la clase media, como el nuevo gravamen al consumo.

Pero además, se rompe el acuerdo establecido entre los trabajadores y los empresarios hace décadas para la financiación del SENA, entidad encargada de la formación de los obreros y del ICBF, encomendado del cuidado de los niños. Los parafiscales son sobre todo una institución social de gran relevancia, un componente del salario social que no se entrega directamente a los trabajadores sino a través de la financiación de estas entidades, que antes corría por parte de los patronos y ahora será asumida en una parte considerable por el Presupuesto General.

Eso era lo que estaba en juego al momento de la discusión de la reforma. Presentamos cifras y estudios de diferentes autores muy serios, para señalar lo regresivo de esta reforma, que carga a la clase media de más impuestos, mientras se los rebaja al gran capital. Pero además, lo irresponsable fiscalmente que resulta ya que, como ha demostrado el paso del tiempo, el nuevo impuesto (CREE) que remplaza los parafiscales, no alcanza el recaudo suficiente (apenas logró el 61,7% de lo esperado en el 2013), poniendo en peligro la viabilidad financiera del SENA pero también los recursos del sistema de la salud y los ingresos del Estado en general.

Esta amenaza generó una fuerte movilización de parte de aprendices y trabajadores del Sena, que acompañamos decididamente, y que generó gran respaldo entre la ciudadanía. El movimiento no logró detener la reforma, pero sí introducir una “salvaguarda” para el presupuesto del Sena, que deberá hacerse cumplir en la aprobación del presupuesto de cada año. Sin embargo, no renunciamos a la recuperación de los parafiscales. Estamos adelantando todas las acciones legales posibles para echar atrás la reforma tributaria.

Una ocasión en la que la opinión pública sí logró revertir la acción del Congreso, fue la reforma a la justicia. Resultaba inaceptable ese pacto que favorecía directamente a los parlamentarios, con la anuencia del Presidente de la República. Con orgullo decimos que entre la bancada de la Cámara de Representantes en el Valle del Cauca, fue Wilson Arias el único Representante que votó negativamente esta reforma, misma que tuvo que ser retirada por el Presidente ante la indignación con que, merecidamente, la recibió la población.

A finales del año anterior, acompañamos al llamado movimiento de las batas blancas, que también cumplió su cometido: frenar una reforma a la salud que no atacaba las causas estructurales de las crisis del sistema y por el contrario, perdonaba las deudas de las EPS con los hospitales y les mantiene un enorme poder dentro del sistema, cambiándoles apenas el nombre a gestoras. El trámite de la reforma se encuentra frenado, pero la ciudadanía debe estar atenta para evitar su aprobación y presionar por un proyecto que garantice efectivamente el derecho a la salud de todos los colombianos.

En resumen, estos son algunos de los principales proyectos impulsados por el gobierno Santos. Como intentamos señalar, todos tienen un contenido lesivo para el pueblo colombiano, aunque con frecuencia pretendan hacerse pasar como reformas progresistas. A pesar de lo minoritaria  de nuestra bancada, consideramos que el balance presentado es bastante favorable, en la tarea de contener o aplazar buena parte del modelo económico impulsado por Santos.

Pero nuestra labor no ha estado solo en este frente. También nos hemos esforzado por mantener un contacto permanente con la ciudadanía, que sirva para compartir información sobre los debates más importantes a nivel nacional y regional. En nuestros llamados “Espacios de discusión y análisis político”, hemos tratado temas como los impactos del impuesto predial y el cobro de las megaobras en Cali, los abusos del transporte masivo MIO, el presupuesto general de la nación, la reforma pensional, a la salud, entre otros.

En la misma dirección, citamos numerosas audiencias públicas, en las que confrontamos las voces de expertos, académicos, representantes de organizaciones sociales y la ciudanía general con la de las autoridades oficiales. Entre otros temas, abordamos la crisis pensional, la financiación de la educación superior, la reforma a la justicia y la privatización de las semillas.

Pero uno de los aportes más valiosos en este periodo ha sido el fortalecimiento de la movilización social. Recordamos que nuestra presencia en el Congreso obedeció a la decisión de una asamblea de estudiantes y trabajadores del Sena de llevar un representante suyo al Congreso de la República. Desde allí, el Sena contó con una voz firme por su defensa. No fueron pocos los ataques que la entidad recibió en este periodo. El más grave sin duda, la reforma tributaria ya reseñada, que cambió su fuente de financiación. Pero también nos enfrentamos a la modificación del contrato de aprendizaje, la desviación de recursos, y una sesgada “articulación” de la educación media con la técnica, todos los cuales hemos afrontado desde nuestra curul, en procura de un Sena público y de calidad.

Sin duda, esto contribuyó a la cualificación política y organizativa de Sindesena y el Coes. Pero desde luego, estas no fueron las únicas organizaciones que apoyamos desde nuestra curul. Diferentes sindicatos como el de Emcali, Acuavalle, el Seguro Social, las organizaciones de maestros y de campesinos, entre otros, contaron con un respaldo desde el Congreso a favor de sus luchas, que son en últimas las luchas de todo el pueblo colombiano.

También contribuimos con la difusión de las problemáticas de diferentes organizaciones sociales, ONG, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, académicos, con los cuales mantuvimos un contacto permanente, con el doble propósito de enriquecer nuestros debates y de visibilizar las problemáticas de dichas organizaciones y de las poblaciones que representan.

Por todo ello, el estar próximos a finalizar nuestro periodo en el Congreso, tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre lo que hemos logrado y pensar en lo que se sigue. El despliegue de publicidad popular y el enorme esfuerzo de un importante grupo de militantes y voluntarios en la campaña a la Cámara, que derivó en un excelente resultado electoral ya señalado, dejan varios interrogantes y diversos escenarios que debemos observar colectivamente.

ALGUNOS ELEMENTOS DE PERSPECTIVA

En cuanto a la constante interrogación que nos elevan sobre Wilson Arias como figura política, comentemos que no son pocos los sectores y personas que empiezan a sugerir apuestas futuras, algunas de ellas de carácter electoral en los más diversos órdenes. Respetamos propuestas que desde el movimiento sindical nos han presentado. Con ellos coincidimos en cuidar que la cuestión no se reduzca a lo electoral o a apresurar definiciones que deberían tomarse en procesos más amplios. En cambio, consideramos necesario emprender paralelamente un intercambio serio, explícito y comprometido sobre las perspectivas políticas del movimiento social regional.

Vemos la campaña Presidencial de Clara y Aída como la tarea electoral en la cual centrar todo nuestro esfuerzo inmediato. Con entusiasmo y disciplina debemos salir a enfrentar al jefe de la Unidad Nacional, a la extrema derecha representada en el uribismo y en el partido conservador, y desnudar a Peñalosa como lo que es: un neoliberal.

La proyección organizativa del sector político que lidera Wilson Arias, aunque no es urgente, sí se torna cardinal. En lo inmediato consideramos importante contribuir en la organización del Polo Democrático Alternativo y en su pluralidad interna. Como es de público conocimiento, el equipo de trabajo y campaña nació como una expresión organizativa a modo de colectivo político, al que se acercan muchos amigos y amigas que se identifican con nuestro quehacer. En los últimos años venimos surtiendo un proceso de discusión para dar un salto organizativo, debate que se dilucidó durante la campaña y que al finalizar ésta se volvió crucial decidir: Queremos hacer tránsito a la constitución de un Taller Político. “Taller” en un sentido de suma de lo que significa para el artesano y educador, para el artista y el obrero. Taller también de “izquierda social” y política. Ya habrá momento para explicárnoslo, por ahora es también intuición. Quisiéramos sí contar con el acompañamiento de amigos y simpatizantes, para ayudar a construirlo.

Como queda enunciado, nuestro empeño, no único pero si central, está en el elemento de la organización política y popular, tal como hasta ahora lo hemos intentado. A ello queremos seguir tributando.

Santiago de Cali, abril de 2014

Grupo de Campaña - Equipo de trabajo
Curul Wilson Arias