TwitterFacebookFlickrYoutube
A+ A A-

Compartimos el correo enviado por SINDESENA

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
  • Visitas: 1784
Share Button

Compartimos el correo enviado por SINDESENA


EL SENA, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA


Cordial saludo:


En la extensa lista de  exoneraciones, nuevas funciones y desvíos contra las rentas del SENA, aparece un capítulo muy lesivo: las funciones de Ciencia y Tecnología al SENA y el desvío de las rentas de esta entidad hacia Colciencias.


A diferencia de los dos anteriores, el actual Plan Nacional de Desarrollo no incluyó explícitamente tal desvío. El año pasado, el Congresista Wilson Arias elaboró un documento, "El SENA en la Ley de Presupuesto", referido a la asignación del 90.66% del Presupuesto del SENA al rubro de Educación Superior, y al desvío de sus rentas a Colciencias. El primer asunto fue sorteado positivamente gracias al lobby que adelantaron SINDESENA y algunos Congresistas. Este año hemos dedicado nuevos esfuerzos a la recuperación de los recursos desviados hacia Colciencias, propósito al que se han unido esta vez la Dirección General del SENA y el Ministerio del Trabajo, hecho que saludamos.


Para su información les compartimos el documento que entregó el Representante Wilson Arias a los Congresistas, y que se basa en el que sobre el tema había distribuido el año pasado.


Atentamente,


SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, 12 de septiembre de 2012



Ley de Presupuesto

El SENA, la Ciencia y la Tecnología (art. 47 PL 043/2012)


Cuestión Legal: ARTÍCULO 25 de la Ley 119/94, que reestructuró al SENA: “CRITERIOS PARA ACCIONES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO”: Toda acción (del SENA) de desarrollo tecnológico deberá estar íntimamente ligada al fortalecimiento de los programas de formación profesional integral”.


ARTÍCULO 16 de la Ley 344/96: “De los ingresos correspondientes a los aportes sobre las nóminas de que trata el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 119/94, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, destinará un 20% de dichos ingresos para el desarrollo de programas de competitividad y desarrollo tecnológico productivo.


El SENA ejecutará directamente estos programas a través de sus centros de formación profesional o podrá realizar convenios especiales en aquellos casos en que se requiera la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico.

PARÁGRAFO: El Director del Sena hará parte del Consejo Directivo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Director de Colciencias formará parte del Consejo Directivo del SENA.


ARTÍCULO 47 del proyecto de Ley 043/2012: El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), transferirá al Departamento Administrativo de Ciencia y Tecnología e Innovación (Colciencias), con destino a financiar las actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, la tecnología y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación, al menos la cuarta parte de los recursos provenientes del 20% de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, mediante la celebración de sendos convenios interadministrativos.


CONSIDERACIONES Entre otras, las contribuciones parafiscales y las rentas de destinación específica son tenidas por los gobiernos como “inflexibilidades presupuestales”, pues por definición éstos no pueden disponer fácilmente de aquellas. Para eliminarlas o “flexibilizarlas” se han tomado varias determinaciones desde la época de la Misión Wiesner - Bird (1982).  En el caso del SENA, dichas medidas podemos agruparlas así:


© ?Una modalidad fue la contenida en la Ley 38/89 (“Unidad de Caja” del Estatuto del Presupuesto de la época), que integraba los recursos no ejecutados por algunos institutos a las arcas centrales, a fin de “crearle espacio fiscal” al servicio a la deuda y al gasto de defensa, o para enjugar el déficit fiscal (por entonces, el SENA reportó “superávits técnicos”). ?Otra modalidad, consistió en asignarle “Nuevas Funciones” propias de otras instituciones objeto de recortes presupuestales. Por ello del SENA se ha dicho que es como un “árbol de navidad” al que cada gobierno cuelga varias serpentinas. Una por una: Decreto 80/80 (cursos de Educación Superior); la Ley 55/85 (hasta el 50%, para financiar funciones de Presidencia de la República), Decreto 1802/90 (intermediación laboral del Servicio Nacional de Empleo, SENALDE, que se liquidaba), o Ley 29/90 (hasta el 50%, para financiar funciones de Colciencias)[1]. Ojo: en 1990, la suma de las Leyes 55 (50%) y 29 (50%) teóricamente desvían ¡hasta el 100% de las rentas del SENA! (y no eran las únicas que lo hacían). ?los varios “recortes” y “congelaciones” presupuestales aplicados desde los 80s. ?Otra, las exoneraciones a los obligados a cotizar sus aportes, en nombre del combate al desempleo, desde la misma época y por numerosas Leyes de muy poco impacto en la generación de empleo[2]. Entre ellas: Ley 79/88, Ley 50/90, Ley 10/91, Ley 100/93, Ley 223/95, Ley 590/2000, Ley 677/01, Ley 789/02 y recientemente se expidió la Ley 1429/2010 que autoriza el descuento de parafiscales del impuesto de rentas[3]. ?A lo anterior se suma, no ya una modalidad de “flexibilización” del presupuesto público, sino su entrega a intermediarios privados (mermando disponibilidad de recursos al SENA[4]) mediante injustificados convenios (tipo “ampliación de cobertura”) cuya ejecución no ha estado exenta de graves denuncias. Con evaluaciones negativas de tales convenios con universidades, gremios e institutos privados, el Documento CONPES 81 de 2005 impondría a tal institución entregar el 80% de su presupuesto a dichos oferentes.


©  La Ley 119/94 (reestructuración del SENA) vino a precisar la Misión, objetivos y funciones de la entidad, además de ordenar su gratuidad. Con ella, con sentencias de las Cortes y con su clasificación en la “Parafiscalidad” (C.P. 1991), los aportes del SENA ganaron en protección y destinación. Y la procuraduría advirtió sobre el causal de mala conducta para quienes reproduzcan los actos declarados inexequibles, sobre recortes o desvíos de rentas del SENA. Pese a ello, se producen nuevas normas que contrarían la Ley de Iniciativa popular (“Criterios para acciones de Desarrollo Tecnológico”), le distraen rentas y le obligan a asumir “Otras Nuevas Funciones”, por ejemplo, ?la Ley 344/96 obliga al SENA a ejecutar/ financiar actividades de “Desarrollo Tecnológico Productivo” (función normalmente a cargo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, crónicamente desfinanciado), directamente o mediante Convenios Especiales de Cooperación.


© Tales imposiciones, por fuera del objetivo original y básico del SENA, han resultado en extremo polémicas: Durante la década de los 90, auditorias contratadas por la propia entidad encontraron “favorecimiento de terceros”, “endoso de prerrogativas oficiales a entidades privadas”, “aplicación de recursos a un fin distintos al presupuestado”, etc. [5]. Al anterior Director se le recrimina haber multiplicado el rubro entregado a las privadas Incubadoras de Empresas, en beneficio de la IEBTA que dirigió hasta pocos días antes de llegar a la dirección de dicha entidad[6]. Más adelante (Martha Elvira Soto, 2007), una investigación estableció que por esta vía se habría financiado en 2003 a FUNPAZCOR con tales recursos de “Incubación Empresarial”[7]. Y recientemente (2010) el H.R. Arias Castillo ha denunciado que por similar vía (leyes 29/90 y 344/96) se financió por ejemplo a COOLECHERA en momentos en que estaba capturada por el paramilitarismo.


©  Hoy el artículo 47 del Proyecto de Ley 043/2012 en curso (Presupuesto General de la Nación), va más allá: ?ahora pretende que tales recursos no sean ejecutados por el SENA sino que éste lo transfiera parcialmente al Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación – Colciencias, mediante Convenios Interadministrativos (recuadro inicial).


SUGERENCIA: Las Leyes 29/90 y 344/96 tienen 21 y 15 años de aplicación respectivamente. Las nuevas realidades (reorientación de regalías, “locomotora de innovación”, déficit educativo, etc.) hablan, de una parte, de la necesidad de mejorar las capacidades de las Universidades Públicas, de las “Instituciones puente” y del SENA.

 

Ello podría hacerse priorizando los recursos de inversión de que tratan los numerales 9 y 12 del artículo 27 de la Ley 1530/2012 (regalías), con destino a “inversiones físicas en educación” superior y “para el desarrollo de infraestructura física para mejorar la calidad de la educación”. Amylkar Acosta sostiene que los recursos no ejecutados de regalías en C&T se elevan a 6 billones de pesos.

 

De otra parte, el anterior análisis subraya la importancia de preservar las rentas parafiscales del SENA para su propia misión, según precisos “criterios para acciones de desarrollo tecnológico” y para su ejecución directa y bajo el control de sus órganos directivos (donde concurren gobierno, trabajadores y empleadores).

 

Se sugiere no aprobar el artículo 47 de P.L. 043/2012 y derogar el artículo 16 de la Ley 344 de 1996.

 

Se sugiere que los recursos no ejecutados de los OCAD nacional, regionales y departamentales, se destinen a los déficits de infraestructura física, de talento humano y de calidad del SUE.



Unidad de Trabajo Legislativo, HR. Wilson Arias Castillo,

Bogotá, septiembre de 2011.



[1] “Empleo, un desafío para Colombia” Oficina Internacional del Trabajo, Bogotá, 1999: Tales convenios (Ley29/90) “tienden a favorecer en mayor medida a las grandes empresas, donde el 50% de recuperación de costos puede significar una cifra importante”. Un estudio de ACOPI (“El desarrollo de la pequeña y mediana industria en Colombia”, 1999) acusa de “clientelismo tecnológico” la aplicación de tales recursos.

[2] En su “Informe Social 2010. La política pública y el control fiscal de la parafiscalidad en los sectores laboral y de seguridad social colombianos 2006-2010”, la Contraloría General de la Nación dice: “(…) se observa que para los contribuyentes que la DIAN clasifica como perso­nas jurídicas, los gastos de la nómina tan sólo representan el 12% de los ingresos; el 22% de los costos totales; el 18% del patrimonio líquido y el 34% de las deducciones fiscales. Esto, nos permite señalar que los parafiscales no son la causa del desempleo que hay en Colombia y mucho menos llegar a pensar que con la eliminación de los parafiscales se va a reactivar el mercado laboral y alcanzar un tasa de desempleo de un dígito, pues la información que reportan a la DIAN las personas jurídicas indican que los aportes a las entidades (Esap, ICBF y Cajas de Compensación) representan el 0,6% de sus ingresos, el 1% de sus costos totales, el 0,9% de su patrimonio líquido y el 1,6% de las deducciones fiscales que realizan las empresas.”

[3] La 1429 estimula la sustitución de trabajadores mayores por jóvenes (con mermas salariales importantes) que afectan el recaudo por concepto de parafiscales.

[4] Contra la Ley 119/94 que le ordena al SENA “ofrecer y ejecutar” sus propios recursos (art. 2).

[5] Ver la auditoría de “Visión Asesores” contratada por el SENA, Bogotá, 1999.

[6] A su ingreso al SENA, el rubro pasó de sumar $6.002 millones entre 1999 y el 2002, a $6.180 solo en el 2003 (y ha seguido creciendo), concentrado ese año en un 34% en la IEBTA. Incubadora que habría cobrado al SENA entre el 15% y el 17% por concepto de “gastos administrativos” (Proyecto EFACT) pese a que la norma autoriza máximo el 10%.

[7] Martha Elvira Soto,  “AUC S.A. EL HOLDING PARACO”, en “¿El poder  PARA qué?”, Bogotá, 2007, páginas 44 a 47.