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¿El Gobierno hace "adanismo" en Ley de Restitución de Tierras?

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Se estima que en el país hay 2,8 millones de personas que esperan su reconocimiento como víctimas. Muchos de ellos perdieron no solo a sus seres queridos sino sus tierras. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA

Expertos alertan sobre gravedad de ignorar antecedentes, normas y acciones en restitución de tierras. En elgobierno Uribe se restituyeron más de 5 millones de hectáreas a 223 mil familias.

Que la Ley de víctimas y restitución de tierras es considerada como la bandera del presidente Juan Manuel Santos no es un secreto, tanto que ha asegurado en múltiples ocasiones que su gestión valdría solo por haber logrado su aprobación. Sin embargo, un documento de Jaime Jaramillo , quien fuera representante del expresidente Álvaro Uribe en la Comisión Nacional deReparación y Reconciliación (CNRR) deja en claro que se están desconociendo esfuerzos y, lo peor, se estaría perdiendo un trabajo adelantado durante la pasada administración.

Normas como la Ley de Extinción de dominio y la Ley de Justicia y Paz definieron mecanismos para expropiar a quienes se apoderaron ilegalmente de tierras. Y para restituir a las víctimas. Durante el gobierno Uribe se restituyeron más de 5 millones de hectáreas a 223 mil familias.

La "Declaración de Inexistencia" redactada por Jaramillo y difundida este fin de semana por Uribe y el Centro de Pensamiento Primero Colombia, recuerda que la atención de víctimas no es un asunto nuevo y que la CNRR -que nació al amparo de la Ley 975 de 2005 más conocida comoLey de Justicia y Paz, creó un andamiaje para la atención de las víctimas.

También hay cuestionamientos sobre la forma en que se realizaría la restitución, pues se podría presentar un fenómeno similar a una reforma agraria que enfrentaría a diferentes sectores del país y que se podrían prestar a la estigmatización de grupos empresariales dedicados al sector agropecuario. En ese punto coinciden el exministro Fernando Londoño y el presidente deFedegan, José Félix Lafaurie.

Un formulario incómodo
Jaime Jaramillo , quien es conocido en Antioquia por sus gestiones en favor de la paz, considera que no se puede pensar que con la entrada en rigor de la Ley 1448 (que tendrá una vigencia de10 años) se está dando inicio a una nueva era en la atención de víctimas.

Es más, considera que se están echando por la borda esfuerzos del anterior Gobierno. Uno deellos es el censo que se hizo con ayuda de las personerías y que permitió identificar a 300.000 personas sujeto de reparación por vía administrativa, a través de Acción Social.

Según Jaramillo, la elaboración del nuevo censo implica repetir el trabajo que se tenía listo para identificar a 300.000 víctimas de las violaciones a los derechos humanos y 2,5 millones dedesplazados.

Señala como otro tema crítico el formulario que deben contestar las víctimas que aspiren a reparación. Tiene 204 preguntas y debe ser aplicado, principalmente por las personerías.

"Aplicar este instrumento a 2,8 millones de personas equivale a 5,6 millones de horas, es decir 233.000 días, equivalente a 638 años", advierte Jaramillo.

Pero él no es el único que ha cuestionado el formulario. La Personería de Medellín y elprocurador general, Alejandro Ordóñez también lo hicieron. Según Ordóñez, el diseño del formulario -que presenta inconsistencias- no fue consultado con el Ministerio Público.

"El diligenciamiento de dicho formulario demanda aproximadamente entre una hora y media y dos horas. En promedio se elaboran cuatro al día, lo que retrasa la labor de registro de las víctimas, que según el documento CONPES 3712 de 2011 se estiman cercanas a un millón de personas. A lo anterior se suma el hecho de que las personerías municipales no cuentan con recursos humanos y técnicos para el registro", advirtió el 13 de enero pasado.

Temor a la estigmatización
Que los desplazados y despojados vuelvan a tener sus tierras es un asunto de justicia que nadie discute. Sin embargo, la forma en que se está manejando el tema levanta ampolla.

De un lado está el reclamo de algunos sectores como los bananeros y ganaderos que consideran que se sienten víctimas de cuestionamientos y hasta estigmatizaciones que los vinculan con despojos ilegales de tierras. Del otro, los reclamos de quienes señalan que la Ley1448 es más un asunto cosmético y político que un tema que busque responder a fondo a las necesidades de las víctimas.

Es conocido el caso de Fundaunibán que el pasado 17 de febrero pidió a la Fiscalía investigar las declaraciones de Gerardo Vega , director de la fundación Forjando Futuros, quien el 1 defebrero aseguró que esa organización estaría detrás de una campaña de desprestigio a los líderes de la región de Urabá.

Gabriel Márquez , director de Fundaunibán señaló que "la Fundación nunca ha recogido dinero ni pública ni privadamente para desprestigiar organización alguna y mucho menos, pagar a un tercero con fines ilícitos o inmorales".

En su petición a la Fiscalía, Márquez insistió en que el único objetivo de Fundauniban es gestionar proyectos y servicios socioeconómicos, de alto impacto en el desarrollo humano y sostenible, para mejorar la calidad de vida de las zonas bananeras.

Los ganaderos, a través de José Félix Lafaurie , presidente Ejecutivo de Fedegan, también han manifestado su inquietud por la aplicación de la ley que, a su juicio, se ha convertido enbandera política para algunas organizaciones que podrían utilizarla como caballito de batalla para liderar una reforma agraria, que nada aportaría al país.

Lafourie ha señalado que Fedegan apoya la Ley de Víctimas pero ha insistido en que los ganaderos han sido las principales víctimas del conflicto armado en el país y que lo más importante es empezar a hablar de un desarrollo rural incluyente y competitivo, de más inversión, más institucionalidad y más alianzas productivas con los campesinos.

También están los cuestionamientos al manejo político que, por parte del Gobierno se le está haciendo a la aplicación de la ley.

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo , anunció que en marzo, al inicio de las sesiones, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo , será citado a debate en la plenaria del Senado. En su petición lo acompañan los congresistas Iván Cepeday Wilson Arias , "para que responda por la política agraria y de restitución de tierras del Gobierno Nacional".

Para Robledo se están manipulando las estadísticas de la política de tierras y se están presentando como restituciones acciones que no lo son. "De las 800.000 hectáreas que reportan los datos oficiales, apenas 18.000 corresponden a restituciones a las víctimas. El resto responde a proyectos como titulación de baldíos, que vienen de los gobiernos anteriores".

Extinción de dominio
El exministro del Interior, Fernando Londoño, ha cuestionado el manejo de la Ley de Víctimas por considerar que se estaría rompiendo uno de los pilares que manejó el Gobierno de Uribe: elde la seguridad a los inversionistas.

En su programa La Hora de la Verdad, lamentó los "duros cuestionamientos" que se han hecho empresarios antioqueños que invirtieron en la región de los Montes de María y que querían hacer desarrollo agropecuario convencidos de que era una de las "locomotoras" de desarrollo.

Según Londoño, "el Gobierno lanzó una ofensiva brutal contra dueños de tierras alegando larestitución. ¿por que no hacerla con extinción de dominio? Una política ca que comenzó a aplicar Uribe desde 2003.´

Antioquia no presiona
En entrevista con EL COLOMBIANO, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo desmintió que desde Antioquia se esté manejando un movimiento en contra de la aplicación de la norma.

Tanto el presidente Santos como Restrepo han insistido en que desde algunos sectores de la extrema derecha se quiere bloquear la iniciativa. En diciembre pasado Santos advirtió que "elGobierno no va a permitir que los enemigos, o bien de la extrema derecha o bien de la extrema izquierda, de la restitución de tierras, de la reparación a las víctimas, se salgan con la suya".

Restrepo dice que sólo los despojadores y sus testaferros deben tener temor por la LeyVíctimas y Restitución. "Más bien deben colaborar con la implementación de esta ley que tiene un perfil histórico y un profundo sentido social".

Se hizo restitución
Duplicidad de esfuerzos. Sobrecostos. El gobierno está haciendo "adanismo" en la restitución detierras. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho que la restitución de tierras no es un asunto nuevo y que durante su administración "se titularon o adjudicaron casi casi 5 millones dehectáreas a 223.000 familias campesinas y desplazadas. Mucho más de lo que pretende elGobierno actual con la Ley de Víctimas".

Recordó que en 2006, cuando estaba en plena campaña por la reelección, se detectó la adjudicación de predios a falsos desplazados y personas que tenían problemas con la justicia. La información -incluida una grabación- fue entregada a la Fiscalía y a la Procuraduría.

Uribe recordó también que en 2006 se puso en marcha el programa Conret que "abrió camino para una solución al despojo de tierras en Colombia" gracias al cual se logró la recuperación de30.000 hectáreas que habían sido despojadas a comunidades afrocolombianas en Curvaradó y Jiguamiandó. Esta iniciativa fue reconocida por la CNRR.

Pero este no fue el único esfuerzo. Jaime Jaramillo recordó que con la CNRR también nacieron las Comisiones regionales de restitución de bienes (CRRB) que aunque no tenían ninguna capacidad jurídica para restituir, lograron abrir la trocha para que la Fiscalía y los magistrados "comenzaran a aplicar la ley y restituir derechos a quienes les habían arrebatado la propiedad o la posesión de sus predios".

Indicó que las CRRB presentaron un informe con 3.000 reclamaciones debidamente sustanciadas para que el Gobierno tuviera una base mínima de información comprobada.

"En Antioquia fueron 1.045 casos con una cabida reclamatoria de 53.000 hectáreas. Supóngase que la reclamación verificada y medida llegue al medio millón de hectáreas en todo el país. Eso es insignificante si Colombia tiene 28 millones de hectáreas agrícolas. La "revolución agraria" no se hará con la restitución de tierras a las víctimas, pero si se hará justicia", dijo Jaramillo.

ANTECEDENTES

DE JUSTICIA Y PAZ A LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS

La Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, dio origen a la Comisión Nacional deReparación y Reconciliación, que ayudó a la visibilización de las víctimas del conflicto armado.

La Comisión tuvo 12 sedes regionales, una de ellas en Medellín, en las que trabajaron 125 personas que se dedicaron a la recuperación de la memoria histórica, la clasificación de los delitos y violaciones de los derechos humanos, También se trabajó en la restitución por vía administrativa.

La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La norma establece que se creará la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas que contará con 13 oficinas en el país ( delas cuales funcionan cuatro) para que las víctimas de despojo o desalojo desde el 1 de enero de 1991 hagan su reclamación.

Por tratarse de un instrumento de justicia transicional, la ley tendrá una vigencia de 10 años en los que se espera reparar a, por lo menos, 2.8 millones de víctimas.

 

¿QUÉ SIGUE?

GOBIERNO BUSCA APOYO INTERNACIONAL

La correcta aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras será uno de los indicativos para medir la gestión del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Ayer, el mandatario se reunió en Cartagena con una delegación de congresistas estadounidenses encabezada por el senador Patrick Leahy , quienes manifestaron el apoyo a la aplicación de la norma y consultaron algunos temas relacionados con la situación de derechos humanos del país.

"Nos vienen apoyando y nos quieren apoyar más, por ejemplo, en la Ley de víctimas y de restitución detierras. Eso es algo que nosotros agradecemos porque necesitamos mucha ayuda", indicó Santos.

 

Por REDACCION ACTUALIDAD | Publicado el 27 de febrero de 2012