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Entrevista de Claudia Morales al representante Wilson Arias

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Tomado de: www.caracol.com.co

Wilson Arias. Representante a la Cámara | Foto: Juan Sebastián Cuéllar. HSB Noticias
El representante Wilson Arias habla sobre las novedades de los baldíos y el embajador Urrutia. 

“Los empresarios que compraron baldíos deben devolver las tierras”: Wilson Arias

Wilson Arias es representante a la Cámara del Polo Democrático y ha sido uno de los protagonistas del destape de la compra de terrenos baldíos por parte de grandes empresas entre ellas Ríopaila Castilla, Cargill y Mónica Semillas. Las denuncias no sólo se han limitado a las presuntas irregularidades de esos negocios, sino que han descubierto que varias de esas compras se hicieron con la asesoría de una de las firmas de abogados más prestigiosas del país: Brigard & Urrutia. En esta entrevista, Arias asegura que la defensa que ha hecho el presidente Santos del embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, es vergonzosa. Dice además, que cerca de 700 mil hectáreas en la Altillanura están en poder de grandes empresas que habrían violado las disposiciones de la ley y que de este tema estaba plenamente enterado, también, el expresidente Álvaro Uribe.

Claudia Morales: ¿Está satisfecho con la renuncia del embajador de Colombia en Washington, Carlos Urrutia?

Wilson Arias: 
Más que un asunto de satisfacción es un tema de justicia. La renuncia de Carlos Urrutia era necesaria. Una persona que está en tan importante cargo, no puede estar siendo señalado en escándalos de tamaña proporción. Eso era insostenible. Ojalá ahora en su calidad de particular, tal y como lo prometió, responda por su relación con las adquisiciones masivas e ilegales de Riopaila Castilla SA, Cargill, y demás empresas asesoradas por el bufete Brigard & Urrutia.

Claudia Morales: El presidente Santos ha insistido en que el señor Urrutia es un hombre que “demostró su patriotismo” al renunciar, y que todo lo que se ha denunciado contra él tiene un fondo netamente político. ¿Qué opina?

W.A.: 
Es indignante que el presidente no diferencie su amistad del deber público y salga a exaltar la renuncia del señor Carlos Urrutia. Es vergonzoso ante la ciudadanía y comunidad internacional que se hagan este tipo de halagos a una persona que fue pieza fundamental de la violación de la Ley 160 de 1994 en los casos de Riopaila Castilla SA y Cargill.

Claudia Morales: Bien, vamos al origen del problema. ¿Cuándo supo usted que grandes empresas y multinacionales estaban comprando tierras baldías?

W.A.:
 En el año 2008 supe de la extranjerización de la tierra al enterarme de que los ingenios azucareros del Valle estaban comprando tierras en otros países. Luego, mi primer debate en el Congreso en agosto de 2010, fue sobre el tema de extranjerización y acaparamiento de tierras en la Altillanura. El caso de Mónica Semillas fue el primero consolidado, un caso que he denominado como emblemático y que ha sido acicate para el trabajo de denuncia del INCODER por acumulación de baldíos. Gracias a nuestras denuncias se abrió un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría en contra de Mónica Semillas por los subsidios obtenidos irregularmente. En Finagro hay un proceso contra la misma empresa, que ya tiene un fallo de primera instancia, pero lamentablemente está suspendido. 

Claudia Morales: Para el lector que no tiene claridad sobre los límites de la Ley 160 de 1994, ¿por qué es irregular la compra de tierras que han hecho Ríopaila Castilla, Mónica Semillas, Cargill y otras?

W.A.:
 Un terreno baldío es un bien que pertenece al Estado. La Constitución y diferentes leyes como la 160 y otras anteriores, establecen que estos predios deben destinarse a campesinos pobres, sin tierra, de acuerdo con principios como el acceso progresivo a la tierra y la función social de la propiedad. Y es algo plenamente justificado teniendo en cuenta la altísima concentración de la propiedad de la tierra en Colombia. La legislación establece que estos baldíos deben adjudicarse a los campesinos en tamaños equivalentes a la Unidad Agrícola Familiar (UAF). Y para prevenir la concentración, la ley 160 establece claramente que nadie podrá acumular más de una UAF en predios con antecedente de baldío. Por tanto, cuando estos baldíos terminan en manos de banqueros o multinacionales, se desvirtúa totalmente la finalidad de estos terrenos. 

Claudia Morales: Quienes defienden los negocios de baldíos como Rudolf Hommes y Rafael Mejía de la SAC, sostienen que la ley se puede aplicar e interpretar de distintas maneras.

W.A.:
 En derecho, sí, una ley es sujeta a interpretaciones. El problema es que la ley no es interpretable como se le dé la gana a la gente, de lo contrario nunca habría infracción o delito. Y la interpretación de la ley no se hace en el vacío, o acudiendo a argucias de tipo “práctico”. El artículo 72 de la ley 160 de 1994 es claro al decir que nadie puede tener más de una UAF, pero además la ley establece que la tierra de reforma agraria es para los pobres. Por eso, cuando un ingenio una multinacional o un banquero crea empresas para acumular UAF, violan el artículo 72, pero también la ley en su objetivo, pues es para los trabajadores agrarios y campesinos. Y esto no lo argumento yo, sino que lo dice el Consejo de Estado en las consultas que ha elevado el gobierno y lo confirma la sentencia C-644 de 2012.

Claudia Morales: De igual manera, quienes los atacan a usted y al senador Robledo, otro protagonista de este destape, aseguran que lo que ustedes plantean va en contravía del desarrollo del país.

W.A.:
 Si por defender los intereses de las mayorías, el acceso a la propiedad de los trabajadores agrarios pobres, defender la Constitución y la ley y por propender por un país más justo y democrático, somos señalados Jorge y yo, bienvenidos los señalamientos. 

Claudia Morales: Pero entregarle tierras baldías a campesinos que no necesariamente tienen los medios para hacerlas productivas, también implica un problema. 

W.A.:
 Quienes nos acusan justifican la rifa de la tierra en nombre de la productividad. Dicen que la tierra allá es tan improductiva que vale muy poco, que el capital necesario para poner una hectárea en producción es 5 millones de pesos, que la gran plantación es necesaria para generar empleo, impuestos, etc. Falacias. Si bien la tierra es improductiva, el Estado podría ayudar al campesino y no al empresario como lo hace ahora. 

Claudia Morales: Desde el Gobierno han dicho que estas denuncias de acaparamiento de tierras lo que hace es más urgente un debate sobre el modelo de desarrollo agrario que debe implementarse en Colombia. ¿Cree lo mismo?

W.A.:
 Aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es la ilegalidad y otra el modelo agrario. Y en lo que denunciamos hay una clara ilegalidad en la concentración de tierras por parte de ciertos agentes valiéndose de diversas figuras, y el resultado de esto debe ser la obligatoria declaratoria de nulidad de las transacciones como establece la ley. Es decir, estos empresarios deben devolver la tierra. Y después de esto debatiremos con honestidad cuál es el modelo agrario del país. 

Claudia Morales: Haciendo cuentas, entonces, las irregularidades en las compras de baldíos se conocen desde el gobierno del expresidente Uribe?

W.A.:
 Por supuesto. ¿Usted por qué cree que Álvaro Uribe en todo tema controversial de Santos enciende su twitter, pero ante esto permanece callado? Es que como dice el popular refrán: el que tenga rabo de paja… Y yo mismo he denunciado al expresidente Uribe ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por temas relacionados con Mónica Semillas. Es más, esa multinacional tuvo intercambio epistolar con él confesando sus delitos, planteando acuerdos sobre leyes que reformaran la UAF y para que les dieran más subsidios.

Claudia Morales: Cecilia Orozco entrevistó en El Espectador a Rafael González, socio de Ríopaila. Él fue quien advirtió que la compra de terrenos en el Vichada por parte de Ríopaila violaba la ley 160. Pero además, dijo que el vicepresidente financiero de la empresa se embolsilló 402 millones de pesos que eran para pagarle a la dueña de un baldío, y que Ríopaila tenía conocimiento de eso. ¿Usted tiene más detalles de esa denuncia?

W.A.: 
En efecto, tuvimos acceso a unos audios de la asamblea de Ríopaila, que pusimos en conocimiento de los medios y de la Fiscalía, tanto como acervo de pruebas en el proceso contra Riopaila Castilla SA, como en una denuncia que instauraré contra la empresa de revisoría fiscal, Deloitte & Touche y el revisor delegado de Ríopaila por estos hechos.

Claudia Morales: El Incoder y la Fiscalía ya tienen conocimiento de todos estos temas, pero teniendo en cuenta que se trata de personajes tan poderosos, tanto en la firma de abogados Brigard & Urrutia como los interesados en comprar, ¿si tiene esperanza en que esto llegue a algún lado?

W.A.:
 Yo confío en la ciudadanía. Parece frase de cajón y para algunos, esperanza hueca, pero esa es la verdad. En el gobierno no puedo tener esperanza, pues es el primer interesado en regalar la tierra y legalizar lo ilegal. La justicia puede hacer lo suyo, pero con tanto palo en la rueda, incluido el mismo gobierno, difícil. 

Claudia Morales: El Gobierno tiene listo un proyecto que según usted y otros críticos, debería llamarse la Ley Urrutia porque lo que propone es legalizar las compras de esos baldíos. ¿Sabe a ciencia cierta que contiene ese proyecto?

W.A.:
 Aún no hay un texto definitivo aunque hay en medios de comunicación versiones que generan vergüenza e indignación. Se propone, por ejemplo, que a los que compraron ilegalmente esas tierras, se le permita usufructuar la tierra por 30 años, y al cabo de esto, si se ven buenas prácticas, se les legalizará la propiedad. ¿Qué tipo de mensaje estaría dando un gobierno como el de Santos que ante la ciudadanía y la comunidad internacional se muestra como defensor de la justicia (por ejemplo de las víctimas del despojo de la tierra) y amiga de la paz?

Claudia Morales: ¿Cuánta tierra baldía se ha quedado en manos de grandes terratenientes?

W.A.:
 Es difícil precisar sin un inventario adecuado, pero se estima que al menos en el caso de la Altillanura unas 700 mil hectáreas ya están en manos de grandes inversionistas, o se hicieron vulnerando las disposiciones del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. Y esa cifra es subestimando los cálculos.