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La Contraloría le puso la lupa al Incoder por adjudicación de baldíos

  • Última actualización en Miércoles, 19 Febrero 2014 20:14
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Tomado de: www.radiosantafe.comExtinción

Apartir de denuncias presentadas por Congresistas del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, Iván Cepeda y Jorge Robledo, la Contraloría General de la República envió un informe al Incoder, entidad encargada de administrar las tierras en Colombia, sobre acumulación irregular de baldíos en la Altillanura.

Además de un extenso recorrido por el problema de las tierras en Colombia y de la legislación y la política agraria producida en esta materia, el informe presenta tres hallazgos centrales: el incumplimiento de varios artículos de la Ley 160 del 94, con una presunta connotación fiscal por $150.378 millones, al igual que presuntas connotaciones penales y disciplinarias; acumulación de baldíos por actualizaciones de área sin pleno cumplimiento de los requisitos; y una deficiente gestión jurídica del Incoder, en cuanto a la recuperación de baldíos acumulados irregularmente.

Por ello, la Contraloría plantea que el Incoder debe ajustar su Plan de Mejoramiento, con el objetivo de solucionar las deficiencias planteadas en el informe en cuanto a la recuperación de baldíos apropiados irregularmente, para lo cual tendría un plazo de 15 días hábiles. Recuerda el informe que es deber del Incoder mostrar diligencia en la recuperación de terrenos indebidamente ocupados, la reversión de adjudicaciones contrarias a la ley (aquellas en las que se ven beneficiadas personas que no cumplen con los requisitos legales) e iniciar las acciones judiciales necesarias para declarar la nulidad de diferentes actos que han conducido a apropiaciones indebidas de baldíos, conductas todas que constituyen detrimento al patrimonio público y por ende, daño fiscal. De allí la competencia de la Contraloría para alertar al Incoder en esta dirección.

Entre los 14 casos señalados de acumulación en extensión superior a la UAF de predios con antecedente de baldío, se destacan muchos de los denunciados por el Representante a la Cámara Wilson Arias durante cuatro años de debate permanente en el Congreso: Monica Semillas, Poligrow, Riopaila Castilla, Sarmiento Angulo, Aceites Manuelita, y aquellos que involucran a personas cercanas al gobierno Santos, la familia del Ministro del Interior, Aurelio Iragorri y empresas gerenciadas por Rubén Darío Lizarralde, actual Ministro de Agricultura.

“Esperamos que este pronunciamiento de la Contraloría contribuya a la recuperación efectiva de aquellas tierras que fueron acumuladas en extensiones superiores a la UAF, por prestantes empresarios nacionales y extranjeros. El Estado colombiano no puede permanecer venal y negligente ante tantas documentadas denuncias sobre acumulaciones ilegales, se debe actuar de una vez para quitarle la tierra a esos megaempresarios y retornarla a los campesinos”, manifestó el Representante Wilson Arias.