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Altos funcionarios de Santos salpicados en apropiación irregular de baldíos

  • Última actualización en Viernes, 08 Agosto 2014 12:06
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Tomado de: http://www.vanguardia.com

Archivo /VANGUARDIA LIBERAL

Sandra Morelli Rico, contralora General de la República, asumió las investigaciones fiscales y compulsó copias a la Fiscalía y la Procuraduría.(Foto: Archivo /VANGUARDIA LIBERAL)

Las presuntas irregularidades que han rodeado el manejo agrario del país, salpicarían a varios altos funcionarios del Gobierno de Juan Manuel Santos.

Un informe revelado por la Contraloría General de la República tras una auditoría especial realizada a la presunta acumulación irregular de predios baldíos en la altillanura, corroboró las denuncias hechas en el Congreso sobre la participación de familias acaudaladas del país en la apropiación de tierras que son destinadas para campesinos de escasos recursos.

Según el documento revelado por el ente de control fiscal, tanto los ministros salientes de Agricultura y Educación, Rubén Darío Lizarralde y María Fernanda Campo, respectivamente, como familiares y cercanos al exministro del Interior y titular entrante de la cartera agraria, Aurelio Iragorri, habrían participado en los presuntos actos ilegales.

Precisamente, la Contraloría General halló un presunto daño fiscal que asciende a los $150 mil millones y que se remite a las que serían inconsistencias al interior del Incora ahora Incoder en la adjudicación de más de 100 mil hectáreas de la altillanura a 14 beneficiarios entre empresas nacionales y extranjeras, así como personas naturales.

Para el caso de la familia Lizarralde Ocampo, la Contraloría General halló que tal y como se había denunciado, los dos ministros salientes, ahora exposos, el hijo que tienen en común y cuatro hermanos de Ocampo, constituyeron en 2010 sociedades de acciones simplificadas para adquirir varios predios que sumados superaban la Unidad Agrícola Familiar, UAF, que es la medida máxima que puede tener una familia en esa zona para trabajar la tierra.

Por su parte, Iragorri, quien a partir del 7 de agosto asumirá como nuevo Ministro de Agricultura, terminó involucrado por cuenta de la participación de algunos de sus familiares en la apropiación de varias miles de hectáreas también en la altillanura del país.

En el documento, la Contraloría General señaló que terrenos baldíos que en primera medida fueron adjudicados a personas que no los necesitaban, en 2012 fueron vendidos a empresas que eran propiedad de primos del nuevo Ministro de Agricultura.

En el informe, el ente de control hace referencia a que la acumulación de predios en pocos propietarios es precisamente el origen del conflicto armado en el país y de hecho señala que ha existido “carencia de voluntad política del Estado para viabilizar la economía campesina”.

Por el millonario hallazgo fiscal también serán compulsadas copias a la Procuraduría y a la Fiscalía.

Denunciantes hablan

Las denuncias sobre la presunta apropiación irregular de baldíos fueron hechas en el Congreso de la República en varias ocasiones por los senadores Jorge Robledo, Iván Cepeda, y el representante a la Cámara, Wilson Arias, quienes en sus intervenciones hicieron referencia a que la apropiación de esas tierras se hizo con miras a la valorización que iban a tener. 

“Este caso es de lo más emblemático que hay en cuanto al comportamiento de las familias pudientes de este país que están allegadas al poder, que le apuntaron a la tierra de la altillanura porque era promisoria en los mercados de tierra mundiales y sabían que se iban a valorizar”, aseguró Wilson Arias, representante a la Cámara del Polo y uno de los denunciantes. 

Por su parte, Iván Cepeda señaló que “es un paso muy importante que la Contraloría ratifique esas denuncias” y solicitó para el caso de Iragorri que “dé las explicaciones del caso”. 

Adicionalmente, los congresistas prendieron las alarmas por la denominada ‘Ley Urrutia’ que fue retirada el año pasado tras la presión de la bancada del Polo en el Congreso porque “terminaba legalizando las prácticas irregulares que se presentaron con los baldíos”, y advirtieron que nuevamente se va a presentar. 

“El Ministro Iragorri queda impedido tanto moral como éticamente para presentar una ley como éstas”, concluyó Arias.

 En cuanto a los, Ministros ninguno ha emitido pronunciamiento alguno.