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En la ley del primer empleo, descubren no uno, sino 21 micos, miquitos y micotes.

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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En la ley del primer empleo, descubren no uno, sino 21 micos, miquitos y micotes.

La Ley 1429 de 2010, más conocida como ley del primer empleo, está llena de micos, miquitos y micotes, descubiertos por expertos en la búsqueda de gorilas-bebés.

Esta ley consagra, para las nuevas empresas que se formalicen a partir del 30 de diciembre de 2010, medidas tan atractivas como un 0 % de impuesto de renta, los primeros dos años de existencia, y una progresividad que lleva a pagar el 100 % solamente hasta el año sexto de su existencia. Consagra medidas novedosas como una favorable progresividad para el pago de parafiscales y de la tarifa del registro mercantil. Promueve la generación de empleo formal, a través de estímulos de tipo fiscal para cuando se dé empleo a jóvenes, reinsertados, desplazados, incapacitados y mujeres mayores.

Hasta ahí, como diria el Pibe, «todo bien, todo bien». Sin embargo, va a ser demandada ante la Corte Constitucional, por los micos y miquitos y de los otros. Resulta que la ley tiene 65 artículos, de los cuales 21 no tienen nada que ver con el tema de la generación de empleo. Contiene reformas de la Ley 1116 de 2006, más conocida como ley de quiebras o de insolvencia.

Aseguran los demandantes que la Superintendencia de Sociedades aprovechó la opinión favorable que en el Congreso tiene la ley del primer empleo, para reformar la ley de insolvencia.

Se legisla sobre temas tan variados y disímiles como la simplificación de trámites comerciales; la determinación de la causal de disolución de una sociedad; la liquidación privada de sociedades sin pasivos externos; el depósito de acreencias no reclamadas; la liquidación voluntaria de sociedades; la reactivación de sociedades y sucursales en liquidación; los presupuestos de admisión de una empresa al proceso de reorganización de la ley de insolvencia; la publicidad de los contratos de fiducia mercantil con fines de garantía que consten en documento privado; la exclusión de la presentación personal de los poderes para adelantar trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y sobre las contribuciones en dinero que las empresas vigiladas deben pagar a la Superintendencia de Sociedades, etcétera.

Y para rematar, oigan esto, que parece un chiste: el artículo 35 de la ley del primer empleo deja sin empleo a los llamados promotores, unas personas a las que se les daba empleo una vez se iniciaba un trámite concursal. Ahora sus funciones pueden ser asumidas por el representante legal de la empresa deudora.
El infierno está lleno de buenas intenciones.

Tomado de CM&, la noticia: http://www.cmi.com.co/?nt=58725