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Funcionarios de anterior Gobierno habrían auspiciado despojo en Montes de María

  • Última actualización en Miércoles, 23 Octubre 2013 19:46
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Tierras usurpadas habrían terminado en manos de industriales que financiaron y promovieron la campaña presidencial en 2002.

GRAVES DENUNCIAS sobre la actuación del Gobierno anterior en relación con la adquisición de tierras usurpadas a familias desplazadas por parte industriales que financiaron y promovieron la campaña presidencial de Álvaro Uribe en 2002, expusieron ayer en la plenaria de la Cámara los representantes Guillermo Rivera, del Partido Liberal, Iván Cepeda y Wilson Arias, del Polo Democrático.

Rivera denunció que, aún hoy, existen en la región de Urabá intereses políticos que quieren dilatar la política de restitución de tierras del actual Gobierno.

Esta situación está envuelta en hechos violentos contra los líderes de la restitución, como es el caso de Albeiro Valdez, a quien en 1979 el Incora le asignó un predio que se convirtió en una fuente de amenazas y tuvo que salir con su familia del Urabá antioqueño; “luego de 15 años”, relató Rivera, “en el 2009 Albeiro Valdez regresa al Urabá pero continúa el asedio” resultando asesinado al año siguiente”.

“Hoy el predio de Valdez “pertenece a otros”, señaló Rivera. “¿Cuántos Albeiros Valdéz existen en Colombia?”, se preguntó el legislador, para más adelante aseverar que “la mano negra colombiana es mucho más oscura que la original andaluza”, por lo que “el Estado enfrenta grandes desafíos para aplicar la ley de víctimas”.

Arias se refirió a cómo el grupo brasilero Mónica Semillas no recibió solamente recursos de Agro Ingreso Seguro (AIS) por 3.700 millones de pesos, sino que también se habría “alzado con 8.000 millones de pesos de créditos Finagro concebidos para proteger al campo colombiano, sin que las autoridades se hayan ocupado ni siquiera de recuperar efectivamente los primeros, pese a que las denuncias por tan ofensiva apropiación se conocieron desde el pasado 30 de noviembre”.

Con este reclamo, Arias denunció “el proceso de acaparamiento y extranjerización de la tierra en Colombia” que, aseguró, “continúa hoy a cargo de empresarios italianos, chilenos, brasileros, estadounidenses y españoles. Juntos acumulan más de 134.000 hectáreas en una altillanura promisoria y ahora ferozmente disputada por la agricultura de gran plantación, o Agricultura del siglo XXI, como le denomina el Gobierno. Hacen cola chinos, indios y argentinos, entre ellos el grupo Grobbo, recientemente cortejado por Juan Manuel Santos”.

Para el congresista, “la concentración en la propiedad y el uso de la tierra tiene severas implicaciones en democracia económica y soberanía alimentaria, agudiza la pobreza rural y desplaza la economía campesina, la mayor proveedora de alimentos de nuestras ciudades. La disputa por la altillanura ha permitido el acaparamiento inclusive con fines especulativos, dice el congresista de izquierda. La hectárea que antes en Puerto Gaitán costaba 500 mil pesos, ya supera los 10 millones de pesos”.

Pero fue Cepeda el encargado de unir lo expuesto por sus colegas con denuncias directas de la participación de funcionarios del Gobierno anterior con la actividad de violentos y empresarios.

El representante Cepeda reveló, por ejemplo, que según Luis Esteban Echavarría, gerente de Tierras de Promisión, en una reunión en diciembre de 2007, el presidente Álvaro Uribe le dijo a él y a otros amigos presentes que “ya se había consolidado la paz en los Montes de María pero que la tierra estaba vacía”.

Echavarría dijo que eso lo impulsó a unirse con otros empresarios para buscar la manera de invertir en esa región; el congresista presentó un video grabado el tres de septiembre de 2009, en una reunión en María La Baja, Bolívar, en el cual se ve al ministro de Agricultura, Andrés Fernández, instando a los campesinos para que les vendieran sus tierras a cuatro empresarios antioqueños, miembros de la Fundación Amigos de los Montes de María, quienes a su vez, después vendieron esas tierras a los grandes fideicomisos.

Cepeda señaló que de 60 líderes de restitución de tierras y víctimas que han sido asesinados en el país, entre los años 2005 y 2011, ocho pertenecen a la región de los Montes de María. Es decir que el 12 por ciento de los líderes asesinados pertenecen a esta zona.

“Hay que revisar quiénes verdaderamente son los terceros de buena fe. La Superintendencia de Notariado no tiene las atribuciones para clasificar a Cementos Argos y a otras empresas como terceros de buena fe. Estas son personas jurídicas y naturales que deben ser investigadas, su responsabilidad en el despojo debe ser esclarecida”, afirmó Cepeda.

El congresista les pidió a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y a la Fiscalía que, que con base en la información revelada en el debate, investigue, según sus competencias, al expresidente Uribe, al exministro Fernández, al exgerente del Incoder, Rodolfo Campo, y a la exdirectora de esa misma entidad en Bolívar, María Luisa Brochet, así como a Cementos Argos y a varios empresarios compradores de las tierras.